El Ayuntamiento de Telde pagará 247.105,31 euros a los dos propietarios de unos terrenos en el barrio de La Pardilla que abarcan parte del aparcamiento de la superficie Decathlon, una zona ajardinada y un tramo del vial colindante para acceder a esta área comercial. El pago de esta cuantía llega tras haberse establecido un acuerdo con los afectados por no haber contado con ellos en el proceso urbanístico que se inició hace 11 años, con lo que se vulneraron todos sus derechos. El resto de la indemnización destinada a los particulares, que alcanza un valor de 1.235.526,56 euros, deberá ser abonada por Promociones Horneras, promotora del proyecto y cuyo representante legal es Ambrosio Jiménez.
Con este acuerdo, que se ha alcanzado a través de una mesa de mediación, se pone fin a "uno de los muchos asuntos pendientes que tiene el municipio", tal como explicó Carmen Hernández, alcaldesa de Telde. Junto a ella, Juan Francisco Artiles, concejal de Urbanismo, recordó que fue el 15 de octubre de 2014 cuando la Junta de Gobierno Local, compuesta por miembros del PP y Ciuca y siendo Guillermo Reyes el responsable de la materia que ahora él conduce, aprobaron el proyecto de convenio urbanístico de gestión concertada y el plan de urbanización. Tres días después se concedió la licencia urbanística para realizar la obra y el 24 de noviembre de ese mismo año se dio luz verde a la licencia municipal de apertura para el ejercicio de la actividad.
Al no haber contado con los propietarios de estas parcelas en este proceso los afectados recurrieron ante el Ayuntamiento, pero éste rechazó su petición, por lo que la demanda llegó al Juzgado Contencioso-Administrativo número tres de Las Palmas de Gran Canaria, que desestimó también el recurso. En apelación, los dos titulares afectados acudieronn al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y se les concedió la razón a través de una sentencia que obliga al consistorio teldense a demoler las obras y regresar los terrenos al estado original.
Ante esta situación, el Ayuntamiento pidió a la sala una aclaración del proceso para saber exactamente cómo ejecutar esta obligación, pero se abrió un periodo desde 2011 en el que los requerimientos por parte de la Justicia para que se diese cumplimiento a la sentencia no son respondidos. Finalmente, la jueza Olimpia del Rosario derivó responsabilidades penales a la Fiscalía y desde el consistorio se intervino para evitar una multa de 1.000 euros sobre Mari Carmen Castellano, según esgrimió Artiles basándose en el seguimiento del expediente de este asunto.
El 22 de enero de este año la Justicia propuso una mesa de mediación para desbloquear "este trajín" y llegar a un acuerdo. Por ello, el pasado 30 de julio se logró cerrar el trato entre los demandantes, la promotora y el Ayuntamiento para establecer la cuantía de la indemnización siendo éste, además, homologado por la magistrada.
A partir de ahora tan solo resta que la Junta de Gobierno apruebe este acuerdo para darle validez. Asimismo, Artiles lamentó que el consistorio no pueda beneficiarse de al menos un 10% del aprovechamiento del suelo por la anulación de este expediente y explicó que el 50 % del pago de la indemnización se efectuará en el primer trimestre de 2016 y la otra mitad en 2017.
