José Luis Mena o Félix Santiago Machín. Uno de los dos, según se acepte la tesis del fiscal o la de la acusación particular, fue el inductor de la "concatenación de irregularidades" realizadas para perjudicar a Miguel Ángel Rodríguez, denunciante del caso Calero, que ayer quedó visto para sentencia después de las tres sesiones celebradas en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El otro acusado, el topógrafo del Ayuntamiento de Telde, Fermín Peñate, según los relatos del ministerio fiscal y del abogado de la acusación, fue el tercer participante necesario en la trama urdida por los dos primeros denunciados para dejar fuera de la unidad de actuación El Calero Alto-2 [solar de la empresa Telpan, propiedad de Machín] a Rodríguez, propietario de una vivienda junto al solar. Una casa que está incluida en el listado de viviendas sin regulación.
Después de dos horas de sesión, el fiscal reiteró su petición de penas de prisión e inhabilitación de cargo público para Mena y Peñate, mientras que a Machín le solicita cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público. Por su parte, los abogados de la defensa solicitaron la libre absolución de sus clientes al considerar que ni el ministerio público ni la acusación particular han demostrado la culpabilidad de sus defendidos, al tiempo que expusieron que este caso pertenece a la jurisdicción administrativa, no a la penal, donde se ha juzgado.
Incluso José Antonio Choclán, letrado de Félix Santiago Machín, anunció la adopción de acciones judiciales por falso testimonio contra el denunciante, que acompañó con la petición del pago de costas a Rodríguez y afeó lo que catalogó de denuncias temerarias hacia su cliente por la acusación.
En su intervención, el fiscal describió una trama montada por José Luis Mena cuando era jefe de Urbanismo para favorecer al empresario Félix Santiago Machín en la reparcelación de un solar de su propiedad para una posterior promoción de 76 viviendas en El Calero Alto y para ello, según su relato, no dudó en falsear la firma de un arquitecto ni ordenar a Fermín Peñate a realizar una medición de la superficie del solar para beneficiar a Machín "porque no se ha reflejado la realidad física de la unidad de actuación y deja fuera la propiedad del denunciante, Miguel Ángel Rodríguez". A Machín le considera el beneficiario de la trama, aunque descartó los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Por ello, el ministerio público reitera su petición de pena de inhabilitación para desempeño de cargo público de nueve años para Mena y cinco para Félix Machín, al tiempo que solicita cinco años de prisión a Mena y cuatro a Peñate por falsificación continuada de documento público, además de cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
José Manuel Rivero, abogado del denunciante, inició su descripción asumiendo el 90% del relato del fiscal, pero señaló como inductor de todas las irregularidades a Machín y al entonces jefe de Urbanismo, topógrafo y a un registrador de la Propiedada como sus instrumentos para ejecutarlas.
Rivero puso el acento en el poderío económico del empresario frente a su cliente, "un asalariado que se ha definido como un paria y que ha salido perjudicado". La acusación particular expuso, además, aunque reconoció que no podía demostrar el cohecho, que Machín tuvo a su disposición "una maquinaria infernal contra Miguel Ángel Rodríguez que le ha supuesto gastos y afligimiento a un asalariado por un poderoso empresario", por lo que reclamó una reparación moral al denunciante.
Conjeturas sin pruebas
José Francisco Jiménez, abogado del topógrafo municipal, Fermín Peñate, expuso que su defendido solo hizo el trabajo que le ordenó su jefe de servicio, José Luis Mena, limitándose a cumplir la tarea encargada por éste. Es decir, el levantamiento planimétrico de la unidad de actuación El Calero Alto-2.
Jiménez rebatió la acusación de falsedad documental contra su cliente porque "él no es responsable del uso que se hizo del plano realizado" y su aparición en otros expedientes. Según el letrado, Peñate no hizo un plano falso y tachó de dudas y conjeturas la argumentación del fiscal y la acusación.
Por su parte, José Antonio Choclán, letrado de Félix Santiago Machín, basó su intervención en desmontar las acusaciones contra su cliente como inductor de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental. En su exposición, Choclán defendió que el hecho de que no se puede acusar a su cliente por ser beneficiario de una revisión del planeamiento de Telde porque hubo otros 67 personas que también lo fueron. Además, recordó que la promoción de 76 viviendas nunca se ejecutó.
Por último, la abogada de José Luis Mena, Teresa Campanario, aseguró no entender cómo un asunto que se podía haber tramitado por la vía administrativa si el denunciante se consideraba perjudicado por su exclusión en la unidad de actuación, se haya llevado a la sala de lo penal. Recordó que el expediente denunciado fue aprobado por la Junta de Gobierno Local y mostró su extrañeza por el cambio de posición del ministerio fiscal, que con anterioridad había solicitado el sobreseimiento del caso y ahora pide prisión para Mena.
Asimismo, aseguró que dos informes periciales no han probado que su cliente suplantara la firma de otra persona y destacó que el exjefe de Urbanismo estaba de vacaciones durante la tramitación de ese expediente.
Peñate y Machín hicieron uso de su turno de palabra para, en el caso del topógrafo, reiterar que realizó su trabajo según la ley y el empresario, para desmentir que contratara al exredactor del Plan Genera de Telde para hacer las viviendas, sino a su hermano.
