"En la discreción está la protección". Así define Mauricio Roque, director general de Infancia y Familia en funciones, los pasos que se están siguiendo desde su área para la salvaguarda de los cuatro menores de Jinámar, uno de ellos recién nacido, que no están escolarizados, inscritos en el Registro Civil ni han recibido atención médica desde hace ocho años que nació la mayor de los hermanos. Asegura, además, que no se trata de un caso reciente sino que "hace unos 20 días que están dentro del sistema de protección, donde tienen que estar, debidamente protegidos y atendidos". Isabel Mena, viceconsejera de Políticas Sociales y vivienda, garantiza que se encuentran en buenas condiciones de salud, "estando sólo hospitalizado en el Materno el bebé porque es un recién nacido", y que se trabaja para ejecutar la escolarización de las niñas de 8 y 7 años cuanto antes "para que lleven una vida normal", junto a la menor de un año y el recién llegado al mundo.
Roque explica que desde que se conoció la situación de los menores "se trató con atención inmediata desde la dirección general con un sistema de protección con la mejor cobertura". De esta manera y asegurando el bienestar de los niños, determina que a través de los informes de los psicólogos y educadores y trabajadores sociales se procederá a valorar "la mejor medida y actuación para ellos".
Por su parte, Mena apoya estas declaraciones y agrega que desde que se supo del caso "por una denuncia vecinal, se inició una investigación policial con técnicos y se comprobó que era cierto, por lo que se llevó a cabo la retirada de los tres menores, hace semanas, dejando al cuarto en el Materno Infantil, bajo la tutela del Gobierno de Canarias para protegerlos de la situación". Asimismo, en cuanto a la posible acogida de los niños por parte de otros familiares o la recuperación de los padres de la tutela, explica que una vez se tengan los informes de los especialistas, los técnicos valorarán los pasos a seguir para determinar lo más favorable para los cuatro pequeños. Así, aún es pronto para saber qué pasará.
Niños del barrio sin escolarizar
Reyes Martel, jueza de Menores de Las Palmas de Gran Canaria, asegura que esta historia que ha escandalizado a la población es una situación que se repite constantemente. "Por lo que sé, es un tema que está en manos de la Fiscalía de Menores, en el ámbito de protección y en fase de investigación. Que los niños estén sin escolarizar y sin un seguimiento médico, al parecer, y que no estén ni registrados en el Registro Civil, apunta a que se trata de una situación delicada. Este caso ha trascendido a la prensa, pero ocurre más de lo que pudiera parecer, precisamente por eso estamos intentando transmitir este mensaje", explica mientras señala que "en Canarias tenemos casi 1.600 niños en desamparo por motivos como éste u otros motivos diversos, porque sus familias no pueden atenderlos, o inmigrantes que nos llegan sin acompañar".
Sin ir más lejos, puntualiza que de esos 1.600 unos 1.000 están sometidos a medidas judiciales, "lo que significa que al niño no se le ocurre de repente robar en un supermercado, no nace delincuente". Aún así, comenta que los menores son imputables penalmente entre 14 y 16 años y que nada tiene que ver con empezar a hacer cosas "de repente" cuando tiene 14 años, sino que "es consecuencia de una mochila cargada de situaciones de riesgo que se crean, como ésta". "Si no prevenimos, no sólo desde las instituciones sino desde cada ciudadano; si no llamamos la atención desde que vemos este tipo de cosas, porque nos damos cuenta, ya que son nuestros vecinos; si no nos preocupamos de estos menores en el sentido amplio de la palabra, mañana sí puede ser un problema", añade.
En cuanto a las responsabilidades penales de los padres, cuenta que "todo depende de cuál sea la situación real de los niños, no sólo que no estén escolarizados o que no se les haga un seguimiento médico normal como se le debe hacer a cualquiera desde que nace, sino que habría que ver muchos otros aspectos, como si están bien nutridos, viven en condiciones de habitabilidad, si hay o no situaciones de peligro para su vida o su integridad física". De esta forma, asegura que la Fiscalía tiene que escuchar a los progenitores y ver por qué han llegado a esta situación.
Afirma, además, que "todo" está fallando para que ocurran estas cosas. "Muchas veces porque vemos distintas situaciones y nos damos media vuelta y hacemos oídos sordos, y hay que adoptar iniciativas con los menores, porque estos no son culpables sino víctimas". "Si en el ámbito de protección no tenemos los recursos necesarios o no se actúa en debida forma, se nos escapan de las manos y ya empezamos a tener problemas gordos con 14 años, de niños que no están escolarizados, que empiezan a tener problemas con las drogas, en entornos marginales y comienzan a cometer delitos. Si ahí tampoco actuamos, tendremos todos un futuro muy negro", garantiza Reyes.
Menores sin inscribir
La jueza explica que en la época de crisis aumentó la detección de menores sin registrar, "pero no es una cosa nueva". Puntualiza que además de este caso en Telde existen muchos más en todo el territorio nacional. "Sabemos que si los niños nacen en hospitales hay que dar cuenta, pero hay niños que no hacen en hospitales. No sé como sucedió este caso, pero hay un gran número de menores en Canarias y en España que no están inscritos", afirma.
