El Juzgado de Instrucción número 2 de Tele ha procesado a la empresaria Teresa Velázquez Falcón, su marido Manuel Alexis Santana, su hermano José Luis y el abogado tinerfeño Antonio Santana Pérez por estafar supuestamente a 80 clientes que le entregaron 2,7 millones de euros para comprar chalés, apartamentos y coches de alta gama en subastas judiciales "inexistentes", concluye la magistrada Virginia Peña en el auto que cierra la fase de investigación y considera acreditados los hechos delictivos al ver indicios suficientes para sentar en el banquillo a los cuatro encausados.
Entre los 80 perjudicados por las operaciones de Teresa Velázquez, que es considera la principal responsable de la trama, figuran cargos públicos de reconocida trayectoria política, como la concejal de San Bartolomé de Tirajana Pilar Grande o el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar Trabazo.
Grande, que está personada en el procedimiento como denunciante y ejerce la acusación particular, entregó 54.000 euros al matrimonio afincado en Telde, con la finalidad de adquirir una casa y un vehículo entre noviembre de 2013 y julio de 2014. Lo mismo hizo Baltar Trabazo entre 2011 y agosto de 2014, cuando aún no era consejero regional, al dejar a la pareja en depósito 66.000 euros para comprar cuatro bungalós. Ninguno de los dos ha obtenido las propiedades. Tampoco han recuperado la inversión realizada.
Casas y coches a lo grande
Así hasta 80 casos documentados por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y acreditados por Virginia Peña durante la fase de instrucción, entre los que hay matrimonios que han invertido sus ahorros para hacerse con chollos derivados del impago de alguna deuda, desahucio o embargos en procedimientos judiciales. También hay empresarios con negocios en el sur de Gran Canaria que apostaron fuerte por este método para enriquecer su patrimonio. Uno de ellos aportó 217.000 euros en año y medio para hacerse con 21 inmuebles y cuatro coches, detalla la juez en su resolución.
El auto de procesamiento, que ha sido notificado recientemente a las partes, declara procesados a los cuatro investigados y ratifica la prisión provisional, comunicada y sin fianza de Teresa Velázquez. La subastera lleva en la cárcel a la espera de juicio desde el 27 de septiembre de 2014, esto es, desde que se produjeron las primeras detenciones en Telde por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en Las Palmas. También lo estuvieron su esposa y su hermano, pero de forma breve porque fueron puestos en libertad con la obligación de comparecer dos días al mes en el Juzgado de Instrucción, con la finalidad de tenerlos controlados y minimizar el riesgo de fuga.
Peña investigó a otras cuatro personas, entre ellas una funcionaria vinculada a la Fiscalía de Las Palmas, pero finalmente archivó la causa contra ellos en septiembre del año pasado al no existir indicios de que ayudaran a Teresa Vázquez en la obtención de la información de las subastas y, sobre todo, en las gestiones realizadas posteriormente para perpetrar el supuesto engaño masivo a los inversores.
La magistrada, en su auto judicial, fija una fianza solidaria para los cuatro procesados de 3,5 millones de euros, casi un millón más que la cantidad total que se reclamará en el juicio, con la finalidad de cubrir tanto la responsabilidad civil que se derive de una hipotética condena como las costas (gastos) judiciales vinculadas al procedimiento.
Virginia Peña considera acreditado que Teresa Vázquez y su esposo irrumpieron en el negocio de las subastas judiciales en 2010, año en el que "se dieron a conocer como personas dedicadas profesionalmente a la gestión de embargos".
Su gancho era ofrecer a "vecinos, amigos y conocidos" la compraventa de inmuebles situados en distintos lugares de Gran Canaria, especialmente bungalós en el sur de la Isla, sobre todo en urbanizaciones como El Hornillo, Complejo los Claveles, Urbanización Santa Ana, Los Melogotones y Los Albaricoques, entre otros.
El matrimonio vendía, como reclamo principal, el "bajo precio" de estas propiedades debido a su "previa adquisición por lotes en subastas judiciales o extrajudiciales". "La única condición" para hacerse con uno de estos inmuebles era "realizar un deposito de dinero en efectivo con carácter previo a la puja, "cuya cuantía fijaba la propia investigada sin ningún criterio objetivo", destaca la juez sobre la actuación de Velázquez en la trama.
Más depósitos
La principal procesada, además, tenía una estrategia para afrontar las reclamaciones de los retrasos en la entrega de las viviendas acordadas, pues pedía "ulteriores depósitos" para justificar la falta de posesión de los inmuebles, con el argumento de que otros subasteros pretendían "usurparles los lotes" y con ese dinero "mejoría" su postura en una subasta "inexistente".
El matrimonio operaba en el tráfico jurídico con sus propios nombres entre 2010 y 2012, con la finalidad de captar clientes y de reforzar la confianza, pero el 23 de agosto de 2012 constituyeron la sociedad civil Canarias Gestión de Embargos SCP y empezaron a ingresar en una cuenta bancaria el dinero que les llegaba en efectivo o mediante transferencia. Con esto lograron darle "apariencia de seriedad y de profesionalidad" al negocio.
La magistrada sostiene que Velázquez era quien reclutaba a los "clientes potenciales", recibía el dinero y extendía los recibos, mientras que su marido la ayudaba a buscar fotos de inmuebles en Internet y la acompañaba al banco a sacar las cantidades dejadas por los inversores en "depósito", hasta que finalmente la cuenta fue bloqueada con motivo de la investigación judicial, bautizada como operación Cebo. Su hermano se encargada de proporcionarle más clientes, organizarle la agenda e "impedir o retrasar la devolución del dinero adelantado por las víctimas, según evidencian algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas.
Como señuelo ofertaban coches de alta gama como Auidi, BMW, Mercedes, Range Rover y Porsche. Primero los adquirían en el mercado de segunda mano y luego se los vendían a los clientes. Con esa operación no ganaban nada, pero servía para granjearse la confianza del interesado con vistas a engatusarlo con una vivienda.
Luego, cuando entregaban el dinero en depósito y la casa no llegaba, Velázquez apelaba al "colapso de los juzgados, las vacaciones de los funcionarios, la competencia de los demás subasteros y problemas de salud" que le impedían ir a las pujas. Si la insatisfacción crecía y el cliente reclamaba la escritura de compraventa, era compensado con unas "vacaciones pagadas" en el complejo donde estaba el bungaló, además de aplacar sus ánimos con documentos judiciales de subastas que ya se habían celebrado.
En 2013, ante la dimensión que adquiría el negocio, Velázquez contrató al abogado Antonio Santana por mediación de una amiga. El letrado, "con pleno conocimiento de la inexistencia de los embargos", elaboró un contrato de mediación y participó en reuniones orientadas a evitar que los inversores reclamaran las cantidades entregadas.
El letrado aseguraba en esas reuniones que "tardaría en deshacer las posiciones", todo "a sabiendas" de que era una "afirmación falsa", concluye la juez instructora, que se apoya en las declaraciones de los perjudicados y en las escuchas telefónicas para llevar a juicio a los investigados. El siguiente paso es que la Fiscalía de Las Palmas formule acusación por los hechos que recoge la magistrada en su auto.
