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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Vecinos de las casas sociales de El Caracol reclaman el cese de la directora de Vivienda

Los residentes critican las obras que se realizan

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Protesta de los vecinos de las casas sociales de El Caracol

Descontentos con el poco personal que destina la empresa concesionaria del contrato, Travet, y la que creen escasa cualificación de los trabajadores, la junta administradora de las 130 viviendas sociales de El Caracol dirige su quejas a la directora general de Vivienda, Pino de León, a quien culpan de la situación que padecen por el incumplimiento de sus compromisos.

De hecho, advierten con ir a los juzgados para resolver este asunto, al tiempo que solicitan a Coalición Canaria (CC) que la destituyan por su incompetencia. Muestran, sin embargo, su satisfacción por la actitud del viceconsejero de Políticas Sociales, Francis Candil, y de Juan Monzón, presidente local de CC en Telde y vecino del barrio.

Los residentes picaron y pintaron el sábado en las fachadas de los edificios para mostrar las zonas huecas y los defectos sin resolver y que opinan la empresa no está dispuesta a hacer. "Expresamos así nuestro malestar por el trabajo que se realiza y la actitud de algunos políticos, que parecen que solo están para vivir de la política y no para hacer su trabajo", argumenta una de las representantes de la junta administradora, quien también critica que desde la Dirección General no se atienda a sus llamadas.

Asimismo, alegan "que hay una sentencia de 2011 donde se declara en estado ruinógeno funcional y hay un montante de un millón de euros por defectos en la estructura de los edificios, pero solo se van a invertir en las obras 180.000 euros de los 320.000 de la licitación pública porque a la empresa le interesa tener de cliente a Visocan".

Sin embargo, desde Visocan, empresa pública del Gobierno de Canarias, se indica que es falso lo que argumentan los vecinos sobre la inversión. Según su gerente, Víctor González, "se van a destinar mucho más de 180.000 euros y la información sobre la sentencia no es correcta". González argumenta que "el acuerdo es terminar la obra contratada y a continuación, evaluar el estado y las necesidades para completar la rehabilitación de la promoción".

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