El Juzgado de la Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al empresario Jaime Cortezo como autor de un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
La magistrada María Gabriela Ramos ha impuesto a Cortezo dos años y medio de prisión, así como la obligación de pagar una multa de 814.585 horas por diferentes ilegalidades relacionadas con la declaración del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio económico 2012.
También deberá indemnizar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con 271.528 euros y no podrá optar a subvenciones o ayudas públicas ni aprovecharse de beneficios fiscales durante cuatro años. La sentencia es susceptible de recurso ante la Audiencia de Las Palmas, apelación que interpondrá, con toda seguridad, la defensa del promotor inmobiliario, que negó en el juicio su intención de defraudar a Hacienda.
Según los hechos probados, el empresario presentó la declaración el 28 de octubre de 2013, fuera de plazo. Consignó unas pérdidas de 2,3 millones de euros y obtuvo la devolución de 2.310 euros, pero "omitió" 927.038 que debía devolver al no haberlos materializado en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), pues dotó 970.000 euros en 2008 y también declaró 457.310 de gastos en una serie de "operaciones inexistentes", según el fallo judicial.
Se trata de operaciones entre sociedades de su propiedad, como Promobandama SA, Cortezo Inversiones SA, Residencial Hoya del Pozo SA y Hoya Pozuelo SL, estas dos últimas responsables de las urbanizaciones promovidas en la costa de Telde.
El empresario arrastra otra condena de dos años de cárcel por un fraude a la Agencia Tributaria que está relacionado con las viviendas de Hoya Pozuelo, un sentencia que está recurrida en la Audiencia de Las Palmas. De ahí que el nuevo varapalo no implique su ingreso inmediato en prisión, sino que se va a esperar a la firmeza de las resoluciones para pedir la ejecución, explican fuentes judiciales. En ambos procesos formuló acusación la fiscal delegada de Delitos Económicos en Las Palmas, Eva Ríos.
Cortezo fue absuelto de una tercera acusación al no apreciar la Audiencia de Las Palmas y el Tribunal Supremo estafa en la venta de las casas de Hoya Pozuelo, algunas de las cuales estaban afectadas por la Ley de Costas. Esta acusación no fue formulada por la Fiscalía, sino por los compradores de esos chalés.
Entre las ilegalidades denunciadas por la Agencia Tributaria destacan "347 operaciones ficticias" entre Promobandama SA y Residencial Hoya del Pozo por valor de 430.000 euros; una factura de Hoya Pozuelo por importe de 30.960 euros de los que sólo justificó 4.270 y, sobre todo, la venta de "11 viviendas hipotecadas" por parte de Residencial Hoya del Pozo SA.
La vendedora asumió el pago de la deuda hipotecaria, pero luego fue abonada por los compradores y Residencial Hoya del Pozo hizo una provisión de gastos de 2,3 millones, con una deducción de 206.486 euros contabilizados como ingresos por la venta de la vivienda del propio Cortezo. También se declararon 11.489 euros en gastos que no eran deducibles porque se trataban de consumos de familiares del empresario.
"Todo ello permitió" a Residencial Hoya del Pozo "ocultar" un beneficio de 773.570 euros, fija la sentencia. Tras deducirse 341.339 euros por la base imponible negativa de 2011 y sumarse los intereses de la devolución de la RIC, entre otros cálculos de Hacienda, la cuota final defrauda en 2012 ascienda a 271.528 euros.
