El Ayuntamiento de Telde debe usar los 22,9 millones de euros de superávit del presupuesto de 2017 para cumplir lo pactado con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) respecto a la propuesta razonada de pago de las sentencias condenatorias firmes por las expropiaciones y no a la reducción de la deuda bancaria como ha anunciado el gobierno local y que ya se paga puntualmente.

En un escrito presentado ayer por Juan Francisco Artiles, portavoz de Más por Telde (MxT), en el Registro municipal, recuerda al gabinete presidido por Carmen Hernández que el TSJC "en diferentes resoluciones aceptó la propuesta razonada de pago [la Junta de Gobierno Local aprobó el 18 de abril de 2016 un plan de pagos para las expropiaciones por un importe total de 28.202.730,91 euros] planteada, condicionando en sus fundamentos de derecho la efectividad del aplazamiento, de forma que se garantizara su efectivo cumplimiento".

Estas condiciones, apunta Artiles, eran que "los remanentes que se produzcan en los sucesivos presupuestos de las anualidades que comprende el aplazamiento deberán dedicarse prioritariamente a incrementar las cuotas establecidas para tal anualidad en la misma proporción establecida por la propuesta que se aprueba".

Asimismo, el alto tribunal canario indica en sus fundamentos que los ordenadores de pago e interventor municipales deben advertir que esos remanentes solo deben usarse para pagar esas anualidades y no para pagos no cesesarios o prioritarios. Además, le recuerda al Ayuntamiento que "los intereses que se deriven de los pagos aquí indicados serán satisfechoas de acuerdo con un plan de pagos elaborado por el propio Ayuntamiento, que habrá de finalizar en la última de las anualidades".

Según interpreta MxT, el pago de la deuda bancaria no es prioritaria porque "por ley se está cumpliendo ejercicio tras ejercicio y no existe ningún tipo de exigencia que obligue al adelanto de los pagos", por lo que el gobierno local desobedecería al TSJC y puede suponer una responsabilidad penal para distintos funcionarios municpales por ese desacato a los tribunales. Por ello, propone que se cumpla el plan de pago de las expropiaciones.