El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Telde, Agustín Arencibia, admite, aunque matiza, las críticas de los sindicatos por la desorganización del trabajo de la plantilla municipal y los problemas que acarrea a la corporación local y a la ciudadanía. Arencibia entiende que queda tarea por hacer, "pero confiamos en que si se amortiza antes del tiempo previsto el plan de ajuste firmado con el Estado, a partir de 2023 cambiará bastante la situación".
De ser así y se continúa con la labor "realizada por este grupo de gobierno para reducir la deuda, se podrá afrontar la organización de la plantilla municipal en mejor situación", añade. Desde los sindicatos se indica que se debe acabar con un problema que acogota a la administración desde hace décadas.
Así esboza Arencibia la situación que aborda el Consistorio ante las críticas sindicales por lo que consideran un desastre en la organización interna de la plantilla. Un desastre, apuntan fuentes consultadas, que genera, entre otros problemas, una mala atención a la ciudadanía o el pago de sentencias condenatorias a trabajadores que denuncian al Ayuntamiento para cobrar el sueldo del puesto que realizan -en concreto, la diferencia de su salario por categoría profesional a las funciones que hacen en realidad- y que, afirman "se están convirtiendo en una sangría para las arcas municipales".
Peones en labores administrativas, conserjes como conductores o monitores deportivos en despachos son algunos de los casos que existen en el organigrama municipal, pero que de momento, en opinión del concejal, es muy complicado resolverlo porque "ante la falta de administrativos que tenemos se desmantelaría esta actividad en el Ayuntamiento". La escasez de técnicos y funcionarios de la Administración General del Estado, cuyos puestos ocupan interinamente otros empleados públicos es uno de los argumentos para explicar la situación creada.
En el Consistorio de Telde hay aproximadamente 650 empleados públicos, pero "decididamente, no sobra personal", defiende Agustín Arencibia. En todo caso, añade, incluso hoy en día hay menos trabajadores y más población que atender que hace años, cuando en la corporación municipal, en tiempos de bonanza económica y sin una reglamentación específica de contratación se llegó a contar con 1.100 empleados públicos, pero con un menor número de residentes en el censo demográfico.
El titular de Recursos Humanos expone que "las sentencias que condenan al Ayuntamiento, en su mayoría, reconocen el derecho de los demandantes a cobrar por la función que realizan y se nos permite la opción de abonar las cantidades reclamadas o consolidar el puesto de trabajo, pero esto último no es posible y estudiamos otras acciones". Por ello, la promoción interna y la oferta pública de empleo serían las soluciones, pero el Ayuntamiento, aunque ha mejorado su situación financiera, no se lo puede permitir todavía, aunque podría cambiar a partir de 2023 -uno de los hitos barajados para amortizar el plan de ajuste- si nada se tuerce y el nuevo gobierno, repita o no el actual, continúa en la senda de la búsqueda de soluciones.
De hecho, el edil augura que hasta que no se revierta la situación financiera -desde el área de Gestión Económica se busca reducir la deuda viva, la de los bancos, a la mitad- si no de forma total, al menos parcial, habrá que asumir que continuarán las demandas ante los tribunales y el pago de las sumas reclamadas.
La realización de un estudio pormenorizado de las necesidades del Ayuntamiento a cargo de los servicios jurídicos de la propia corporación y un equipo externo, encomienda que ya se encargó en 2007 y que luego se abandonó en 2011, "se podrá realizar una RPT (relación de puestos de trabajo) más acorde con lo que necesita esta administración y sacar las plazas requeridas por promoción interna y oferta pública de empleo".
El concejal recuerda que en este mandato, el grupo de gobierno se encontró con una institución pública "donde se hizo una nueva RPT a capricho de las luchas de poder que había en aquel momento y se tumbó el trabajo que se había hecho cuatro años antes". Así, expone que en el último gobierno municipal presidido por Francisco Santiago, "se cogió el toro por los cuernos, se contrató una empresa especializada para hacer un estudio de la corporación, se realizó una relación de puestos de trabajo donde se preveía promoción interna, oferta pública de empleo y se funcionarizó a personal laboral para reorganizar el trabajo, pero todo eso se tumbó en 2011".
En 2015, con otro gobierno local, "la situación con la que encontramos fue la del desmantelamiento de servicio, un problema que consideramos tan importante que incluso la alcaldesa manifestó en una entrevista que una de sus espinas clavadas en la gestión era la organización de los recursos humanos municipales", indica. Ahora, el optimismo impera en el gobierno.
