La desesperación del retornado, la angustia de quien desea volver a echar raíces en su tierra, pero que ve cómo el tiempo pasa y el equipaje cargado de nostalgia y la esperanza del comienzo de un nuevo proyecto de vida se marchitan. Es el caso de María del Carmen Vera Henríquez, una grancanaria que emigró a Venezuela con su familia, pero cuyo regreso, cuatro décadas después no es el que esperaba ni el que le pintaron desde el país sudamericano. Con 65 años, unos ingresos de 300 euros y problemas de salud, a esta mujer cuya familia se fue al país sudamericano cuando tenía dos años y regresó a Gran Canaria con 45, su situación se le hace cada vez más insostenible e implora a las administraciones públicas una solución.
No obstante, en la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Telde no se comparte lo expresado por esta ciudadana y se asegura que no acude a las citas que se le han comunicado para atenderla. Además, se indica que se le ha prestado la ayuda solicitada y que por ley le corresponde.
Decepcionada con las promesas incumplidas, María del Carmen Vera o Marina, como también la conocen, ya no sabe qué hacer ni adónde acudir. Se ha dirigido al Gobierno de Canarias, argumenta, y también al Ayuntamiento de Telde, municipio en el que reside desde hace 18 años y dicen que la han hecho sentir como un problema que se pasan de un lado a otro. A pesar de intentar mantenerse firme, su voz se rompe en varias ocasiones cuando explica cómo lo está pasando y afirma sentirse en un callejón sin salida.
Ella alega que solo pide un techo donde vivir, "no una casa gratis, sino una vivienda de alquiler social que con mi exigua pensión de 300 euros mensuales me pueda pagar, pero que pueda convertir en mi hogar", argumenta. En la actualidad, vive en Telde acogida por unos amigos, "que se están portando maravillosamente conmigo, son muy generosos por cederme una habitación donde vivir. Estoy muy agradecida con ellos, aunque sé que por decirlo así invado su intimidad y no quiero convertirme en un estorbo para ellos, en un problema si se alarga esta situación".
Madre de cuatro hijas, todas con sus vidas encauzadas y residentes en Gran Canaria, Marina Vera, natural del barrio capitalino de La Isleta, regresó a la Isla en 1997 con sus hijas y se estableció con ellas en Carrizal (Ingenio) porque "ya no tenía familia en La Isleta y hace 18 años vine a Telde". Se vino porque intuía, recuerda, que la situación en Venezuela iba a empeorar "con la subida al poder de Chávez, mi esposo no se quiso venir".
Preguntó en el viceconsulado de Venezuela para retornar a Canarias, le dijeron que no habría ningún problema porque el Gobierno habilitaba viviendas para los retornados. Con esta información regresó y se dirigió a la Delegación del Gobierno en 1997, "me dieron la certificación de emigrante retornada y fui a Vivienda a solicitar la casa en Las Palmas de Gran Canaria porque yo tenia un trabajo allí, pero no me hicieron ningún caso y decidí pedirla en Telde, pero llevo 11 años esperando".
Alega que le comentaron que había una lista de espera, añade que presentó informes médicos que exponen que sufre una discapacidad física, "pero no me valió para nada porque me contemplaron este tema y lo previsto en la ley. Me dijeron que había una promoción de viviendas sociales en Cruz de la Gallina, pero cuando fui a preguntar en Servicios Sociales, me contestaron que no sabían nada".
El pasado 21 de junio la desahuciaron de la vivienda donde residía por impago -está en paro, no cobra prestación y los 300 euros que recibe, afirma, no le alcanza para abonar un alquiler de mercado- y vive desde entonces con una familia amiga. "No quiero una vivienda gratis, sino un techo donde vivir y que pueda pagar, por dignidad".
Llegó a cobrar dos ayudas sociales, pero le retiraron una, explica, porque por un problema familiar tuvo que desplazarse a Venezuela y se la retiraron. Ahora, afirma, solo espera que desde las administraciones se encarguen de su caso para reconducir su vida.
Desde la concejalía de Servicios Sociales se matiza la opinión dada por Vera Henríquez. Así, en el departamento que dirige Diego Ojeda se expone que "a Marina Vera se le renovó en 2017 la PCI (Prestación Canaria de Inserción), que se le había acabado en octubre y con la que se paga la luz, agua, alimentos y alquiler. En 2018 se le vuelve a pagar los mismos conceptos y se le busca un lugar para guardar sus pertenencias. Además, se la ha citado en tres ocasiones seguidas para iniciar los trámites de la ayuda del Gobierno de Canarias para venezolanos retornados, pero no se ha presentado a las citas".
