La nueva ordenanza de prestaciones económicas de Servicios Sociales entrará en vigor el próximo año, según calcula el concejal del área, Diego Ojeda. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer el proyecto, que será elevado a la sesión plenaria de este mes para su aprobación inicial.

"Marcará un antes y un después", expresó el edil, que recordó que esta actualización del reglamento contempla que el baremo que valore la concesión de ayudas económicas a personas en riesgo de exclusión sea el salario mínimo interprofesional, sustituyendo al Iprem que hasta ahora era el indicador para el acceso. Este sustancial cambio de la norma permitirá que un mayor número de familias pueda aprovecharse de las ayudas.

Por otro lado, Carmen Hernández, que ayer actuaba como alcaldesa accidental, recordó que también se introducía una nueva modalidad de ayuda que comparó con "una especie de renta ciudadana; las familias vulnerables podrán acogerse a una ayuda económica continuada", adelantó, aunque recalcó que este nuevo progreso venía dado junto a un proyecto de intervención individualizado de inserción sociolaboral y acompañamiento durante todo el proceso. La cuantía de esta ayuda oscilará en principio de 324 a 459 euros mensuales, dependiendo del número de miembros de la unidad familiar.

Asimismo, el reglamento incluye otras muchas modificaciones como las ayudas para el abono de las facturas de gas o para el alquiler de la vivienda. "En este sentido resolvemos una de las grandes frustraciones del gobierno, pues la antigua ordenanza no contemplaba este tipo de prestaciones; ahora podremos pagar un alquiler en una situación de emergencia habitacional y podremos ayudar a pagar un alojamiento de manera inmediata como un hostal", sostuvo Hernández.

Ahora el proyecto deberá ser aprobado en el pleno de diciembre, pasando a exposición durante un mes para que la oposición decida si presentar alegaciones y siendo aprobada definitivamente una vez sean resueltas.