El Ayuntamiento de Telde ha tenido que devolver medio millón de euros que el Gobierno de Canarias otorgó al área de Servicios Sociales para la ejecución de un proyecto de promoción social y de prestaciones económicas a las personas en riesgo de exclusión social del municipio, aprobado por la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en el mes de febrero y abonado en junio.
El presupuesto (que ascendía en total a 486.570'53 euros) estaba previsto para la distribución y adjudicación de 340.599'37 € en prestaciones y ayudas sociales y la contratación por 145.971,16 euros de un total de 11 trabajadores para gestionar el proyecto; en concreto serían cuatro trabajadores sociales, cuatro educadores sociales y tres auxiliares administrativos que realizarían un trabajo a tiempo completo durante un total de seis meses.
La portavoz del Partido Popular, Sonsoles Martín, denuncia en un comunicado público que este presupuesto se ha devuelto "por la dejadez y la falta de coordinación entre las áreas del gobierno". La concejala de la oposición manifiesta que según la información manifestado en el decreto número 9017/2019, "los principales escollos han estado en la propia institución, entre concejales de la misma formación política", sostiene en referencia a la concejala de Hacienda y Economía, Celeste López, y al del área de Servicios Sociales, Diego Ojeda, que pertenecen a Nueva Canarias.
Según lo establecido en el informe, el Ayuntamiento de Telde solicitó una prórroga para justificar la subvención por la imposibilidad de iniciar un expediente de contratación de personal en el espacio de tiempo establecido por la Consejería de Derechos Sociales. El nuevo plazo estaba comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 para ejecutar el proyecto y hasta el 6 de abril de 2020 para justificarlo.
"Desde que el Estado aprobó en diciembre del año pasado la concesión de esta subvención hasta que se nos notificó en mayo, no pudimos hacer nada para agilizar los trámites; después de la resolución hemos tenido muy poco tiempo para operar y con la falta de recursos administrativos nos ha sido imposible llevar a cabo el proyecto y justificarlo", explica Ojeda, que asegura que en una visita de la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias en septiembre ya se había manifestado la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de las subvenciones de esta área "y en este caso concreto ha acabado siendo denegado", explica.
"Estoy seguro de que a otros municipios le pasará lo mismo porque en apenas cinco meses no se puede gestionar todo tan rápido", añade. De hecho, el concejal sostiene que la solicitud de esta subvención se realizó principalmente para tener la posibilidad de contratar más personal en el área, que es una de los mayores deficiencias.
Por otro lado, Martín critica de igual forma la mala gestión del gobierno para iniciar los trámites necesarios para la ejecución de este proyecto. La portavoz del PP recalca que en el área de Servicios Sociales cuentan con una asesora "que se supone que debería hacer el seguimiento a los temas más importantes". Por otro lado, también expresa en el comunicado si "desde la formación política van a asumir responsabilidades por parte de los concejales que no han cumplido con su tarea o será el alcalde, Héctor Suárez, quien deba actuar de inmediato
