Más de 65.000 euros perdidos en un negocio que nunca existió. Esta fue la cantidad perdida por José Manuel Baltar, exconsejero de Sanidad del Gobierno de Canarias y una de las numerosas víctimas de Teresa Velázquez, acusada de estafar 2,7 millones de euros a 84 personas. "Tuve mis dudas durante el proceso de compra, pero después siempre pasaba algo que lo aquilataba y continuamos adelante", contestó Baltar, que asistió ayer a una de las vistas judiciales, a las preguntas de la fiscal Teseida Rodríguez, después de aclarar que conoció a la acusada mediante un amigo que también estaba efectuando operaciones con ella.

Según sus declaraciones durante el juicio, la procesada le planteó la posibilidad de pujar por unos bungalós ubicados en Maspalomas que pertenecían a una empresa de holandeses que no habían conseguido tener éxito en sus negocios. "Nos comentó que la compañía tenía más de cien apartamentos", añade el consejero, que decidió pujar por dos. "Hay varias razones por las que confié en el negocio; en primer lugar porque conocía a varias personas que se habían implicado", explica, así como las visitas a los apartamentos y "el bufete de abogados", añadió el exconsejero.

Antonio Santana, el abogado de la encausada, defendió la pasada semana su inocencia y el juicio ha continuado con el fin de esclarecer su verdadera implicación en el caso. Aunque la mayoría de las víctimas ha aseverado que no tuvieron nunca contacto directo o muy poco trato con este letrado, uno de los testigos que se presentó ayer en la vista judicial aseguró que este se había presentando en una de las reuniones del negocio esgrimiendo que "acababa de salir de revisar unos expedientes del Juzgado y me aseguró que estaba todo en condiciones y que podíamos seguir sin problemas", lo que confirmaría que Santana llevaba a cabo la tramitación de los documentos para la puja y no sólo el contrato de medición corretaje. Asimismo, esta misma víctima resaltó que Santana le había dado confianza porque "tiene formación académica, era profesor de la Universidad de La Laguna y no creí que una persona con su perfil se fuese a inmiscuir en una trama tan tóxica", explicó.

Por otro lado, dos de las víctimas que asistieron ayer a prestar declaración del caso (entre ellos el exconsejero de Sanidad) aseguraron que Teresa Velázquez les había hablado de Antonio Santana como "su jefe", dejándole toda la responsabilidad de la operación. Asimismo, añadieron que el desembolso más grande no fue ejecutado hasta que no firmaron el contrato de mediación en agosto de 2014 y resaltaron además que este había sido exigido "porque no pretendíamos ingresar tanto dinero sin un documento sólido", explican. En todos los casos las víctimas definen que el documento "había sido redactado por un profesional", a juzgar por la presentación. De hecho, el exconsejero aseguró que "no es posible que ese contrato lo hubieran redactado Teresa y su hermano", refiriéndose a José Luis Velázquez, que también estuvo implicado en la estafa junto a Manuel Alexis Santana, pareja de Teresa. Ambos se declararon también culpables.

Reducción de testigos

"Este es sin duda la mayor estafa que se ha producido en Canarias", declara Kevin Paz, abogado del exconsejero y de otras siete víctimas de este caso. "Teresa se ha aprovechado de la confianza que todos sus clientes depositaron en ella aparentando que llevaba un negocio estable que en realidad no existía", explica, por lo que asegura que continuarán luchando para que a los acusados se les aplique las mayores penas que existen en el código penal.

El letrado asegura que a pesar que tres de los procesados ya han confesado "eso solo implica que se ha reducido el número de testigos de más de 100 que iban a convocarse a unos 40; pero eso no quita que merezcan una condena acorde con sus actos, no sólo por el gran numero de afectados y el importe, sino también por el estado de vulnerabilidad en el que han quedado algunas víctimas", asegura. En este sentido, recuerda que en la sesión del juicio que se celebró ayer asistieron víctimas que tuvieron que solicitar un préstamo para poder hacer frente a los pagos necesarios para pujar por los bienes inmuebles.