Un islote de cemento se adhiere como una costra que pica al casco del municipio de Telde. La urbanización (eternamente) inconclusa de Arauz continúa causando ampollas para los propietarios de su suelo, que después de 30 años siguen sin poder ver fruto crecer en sus parcelas. Han sido muchas las ocasiones en las que de forma individualizada se han quejado por las cuotas injustas que debían abonar por poseer la titularidad de un espacio del que no podían sacar provecho alguno al estar paralizado por la administración pública, encargada de ejecutar las infraestructuras básicas para el desatasco del desarrollo urbano.

Espacios verdes, vías, aceras y la instalación de los servicios básicos como la electrificación. Pocos avances han habido en este tiempo, la situación se ha vuelto insostenible y la impasibilidad un aro por el que los titulares de este sector ya no están dispuestos a pasar. Desde hace unas semanas un grupo de afectados han constituido una asociación con el fin de dar respuesta a los problemas que durante años han acabado por componer una auténtica pesadilla, así como para velar por los derechos e instar a la institución local a que culmine la urbanización. El colectivo está formado por Inmaculada Castro Florido, como vicepresidenta; Argentina Gil, como secretaria; Francisco Florido, como tesorero y Joaquín López, Francisco José González y Ruperto Jiménez como vocales. Juan José Sánchez es el presidente y presentó el pasado jueves una carta al alcalde, Héctor Suárez, para reclamarle el desatasco de Arauz en este mandato.

En el escrito resumió los mínimos pasos que los gobiernos han dado con respecto a este asunto; desde la aprobación del Plan General de Ordenación del 86, que establecía el suelo como urbanizable programado (SUP) sector II de Arauz mediante un sistema de cooperación (esto es que los propietarios debían pagar los gastos correspondientes al desarrollo), solo se adjudicaron las obras de urbanización a la empresa Santana Cazorla en 1999 por 2,5 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses. Dos años más tarde se aprobó un reformado de ese proyecto a la misma empresa, por tres millones de euros y un plazo de ejecución de cinco meses, pero en ningún caso llegó a buen puerto y el entorno continuó desmejorándose. Los solares quedaron ocupados solo por escombros y malas hierbas, un aspecto muy alejado a la visión idealista de un nuevo barrio que acogería una buena cantidad de viviendas y servicios.

Evidentemente "esta situación ha provocado muchos perjuicios a los propietarios", adelanta Sánchez, que en la carta dirigida a Suárez alerta de que la injusticia que ha supuesto la gestión de las políticas públicas podría llevar a los propietarios a iniciar una serie de contenciones por responsabilidad patrimonial contra la administración local. "Algo que en primera instancia no deseamos", explica.

El hartazgo que presentan los afectados viene acumulado por las eternas esperas, la visión de proyectos para impulsar este plan (que suponían más inversión pública) y que nunca se acometieron y, sobre todo, por las numerosas cantidades que han tenido que abonar por el Impuesto de Bienes Inmuebles. "Hace un tiempo nos rebajaron este impuesto, pero sigue sin parecernos justo porque se han acogido a un recurso que se emplea cuando la modificación de un Plan General de Ordenación paraliza el desarrollo de un sector de suelo urbano; esto es suelo rústico según el artículo 121 de la Ley del Suelo, que establece que toda urbanización sin edificar es aún suelo rústico", puntualiza convencido el afectado, expresando al mismo tiempo que las parcelas de esta categoría están exentas de IBI y que, por tanto, el 0,60% de reducción de la valoración catastral del suelo que se llevó a cabo hace dos años no es suficiente.

También resalta que las largas pausas han acabado por producir un deterioro grave de las unidades de obra ya ejecutada, y resalta en este punto los 2,5 millones de euros que se requieren en estos momentos para la culminación del proceso urbanizador. En este sentido se relaciona con los proyectos para la instalación de la baja y media tensión, así como el alumbrado público (los elementos como farolas, centros de transformación y cableado deberán ser repuestos en su totalidad, pues el paso del tiempo los ha estropeado) de las tres fases del anillo de Arauz que ha establecido el área de Urbanismo, dirigida en este mandato por Lidia Mejías. Una vez concluya esta etapa, el Ayuntamiento aspira poder poner en marcha lo antes posibles la segunda y la tercera. "Hay mucha intención de invertir, mucha demanda de suelo de Telde y estamos trabajando para impulsar el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad", declaró Mejías hace unos meses, cuando se produjo el primer impulso para poder llevar a cabo esta obra.

Una Junta de Gobierno extraordinaria celebrada el pasado viernes aprobó la licitación de la primera fase, correspondiente a la zona del polideportivo que aún está por concluirse (y que de hecho necesitará de la electricidad para ponerse en marcha), con la previsión de que se terminará sobre junio. Desde el gobierno aplauden este nuevo paso, asegurando que la maquinaria ya está en marcha y en esta ocasión no echará el freno.

El presidente del colectivo explica que hasta ahora los propietarios podían formar únicamente parte de una asociación administrativa que solo les permitía colaborar en los planes del Ayuntamiento de Telde, privándoles de la potestad de iniciar ellos mismos campañas para instar al destaponamiento del proyecto. "Ahora estamos dispuestos a actuar para seguir luchando por nuestros derechos", destaca. Son seis los miembros de este nuevo grupo de ciudadanos reivindicativos, "pero la idea es que mientras vaya pasando el tiempo se vayan uniendo más personas afectadas; hasta ahora hemos estado disgregados, pero ahora habrá una representación" cuenta entusiasmado.