Una familia sin recursos del municipio de Telde, que esperaba desde hace un año poder trasladarse a una vivienda de carácter social, fue desahuciada ayer sin tener aún una alternativa residencial. El matrimonio se vio a primera hora de la mañana en la calle con un niño de dos años, pensando que pasarían la noche en una furgoneta que poseen y en la que metieron durante la noche anterior todos sus objetos personales. El Gobierno de Canarias solucionó la situación durante el día, prometiendo a la familia que les financiarían un alojamiento en un establecimiento hostelero para estos próximos días.
La cuenta atrás de este desalojo se inició sobre octubre del año pasado, cuando el matrimonio recibió el primer aviso de desahucio. Su situación económica les impedía desde hacía varios meses pagar el alquiler de su vivienda, ubicada en el barrio de Punto Fielato, en donde residían desde hacía seis años. A pesar de estar inscritos en el área de Servicios Sociales como familia vulnerable y ser asesorados por el abogado de la empresa pública municipal Fomentas, no se pudo evitar finalmente el desalojo (que ya había sido prorrogado en tres ocasiones anteriores). La familia también estaba inscrita al programa 'Canarias + viviendas x familias' del Gobierno de Canarias desde el año pasado, pero no consiguieron que se les asignara una residencia.
De este modo, ayer el contador llegó a cero y unos minutos después de marcarse en el reloj las 9.30 horas, varios agentes de la Policía Nacional procedieron a entrar en la residencia, donde la familia ultimaba los últimos detalles antes de salir para siempre. Para el matrimonio el drama del asunto reside no en el hecho de quedarse sin hogar (que ya de por sí es algo delicado), sino en que deben cuidar de dos niños sin tener siquiera un espacio donde dormir. El mayor, que tiene 14 años, se trasladó unos días antes del desalojo a la casa de la madre, anterior pareja del padre de familia, pero el pequeño presenció el desagradable trago que supuso el desahucio.
La pareja se vio de un momento a otro en medio de la vía pública, con el carrito de bebé; una cuna antigua que no podía desmontarse para meter en la parte de atrás del furgón y mucha incertidumbre.
El problema de todo, explica la madre, es que no tiene una vivienda alternativa a donde acudir mientras esperan a recibir otra residencia. La pareja sostiene que ningún familiar se solidariza con su situación, ni siquiera dando cobijo al pequeño. "Hace unos días fuimos a la consulta médica prevista por los 24 meses del niño y la doctora nos comentó que padecía una enfermedad neurológica que podría estar relacionada con autismo", explica la madre, Judith González, apurada. "No tenemos a nadie que nos acoja, por eso no nos fuimos antes de la casa", explica la afectada.
El Gobierno de Canarias se puso ayer en marcha para paliar los problemas habitacionales de esta familia, que temía que pudieran quitarles al pequeño por no tener un lugar donde dormir. Desde el área de Servicios Sociales les aseguraron que no les separarían del menor y prometieron que financiarían un alojamiento para los próximos días. Asimismo, desde ayer se iniciaron los trámites para poder concederles una ayuda de emergencia social. El Ayuntamiento, por su parte, solicitó el pasado lunes, como medida excepcional y por vía urgente, al Instituto Canario de Vivienda una casa para la familia. Este organismo procedió a buscar una residencia óptima para trasladarlos, aunque avisaron de que este proceso puede tardar unos cuantos días, pues hace falta comprobar si se cumplen los requisitos.
