Los puesteros de los mercadillos de Jinámar y Santa Lucía denuncian que las administraciones locales hayan procedido a ordenar el cese de la actividad de venta ambulante en estas localidades hace más de un mes, como medida para evitar el aumento de contagios por coronavirus. Los comerciantes sostienen que no existe una orden explícita por parte del Gobierno de Canarias para ejecutar un decreto de cierre. “Los ayuntamientos están escudándose en que se han prohibido los eventos multitudinarios, pero los mercadillos están considerados como actos de comercio sin establecimiento y por tanto no tienen por qué suspenderse”, expresa Arturo Montesdeoca, uno de los vendedores afectados que posee un puesto de zapatos.
En concreto, operan más de 400 familias entre ambos mercadillos. La suspensión de su trabajo durante las últimas semanas les ha supuesto cuantiosas pérdidas económicas, según apuntan. La falta de ingresos en este mes ha perjudicado a algunos comerciantes a la hora de comprar material escolar para sus hijos e incluso en algunos casos han debido solicitar ayudas para la compra de productos de alimentación. “No buscamos ningún tipo de subvención o compensación, solo queremos poder abrir nuestros negocios”, expresan. La situación en la que se encuentran, según señalan con desespero, es crítica.
Los afectados dicen que tras la alarma los mercadillos de Teror o San Mateo no han cerrado
“No es una medida justa que estemos cerrados porque las administraciones califican nuestra actividad de forma errónea, tachando el mercadillo como un evento; nosotros estamos estipulados en el epígrafe de Hacienda como entidades al pormenor sin establecimiento”, expresa Montesdeoca, que afirma que durante estos días deben ingresar el trimestre al 100% a pesar de que no han podido trabajar durante un mes. En este sentido, el colectivo critica también las formas en las que se ha llevado a cabo la comunicación de cierre por parte de los gobiernos locales.
“El Ayuntamiento de Telde nos notificó por un funcionario a través de whatsapp”, explica el comerciante, que además critica el escaso tiempo de maniobra que les dejaron para organizarse. “Nos lo dijeron el día de antes y mucha gente perdió la mercancía; los vendedores de alimentos tuvieron que deshacerse de sus productos, donando a organizaciones o familias vulnerables y tuvieron pérdidas de hasta 2.000 euros”, sostiene. Además, añade que ha solicitado un documento oficial en el que se certifique el cierre porque “necesito presentarlo en la mutua para justificar que no estoy trabajando”.
Los afectados también señalan que municipios como Teror o San Mateo no han efectuado ningún cierre de sus mercadillos tras la finalización del estado de alarma, a excepción del pasado fin de semana. “De hecho, en el caso de Teror el Ayuntamiento no ha hecho más que darles facilidades; les permitieron abrir dos días en vez de uno para evitar aglomeraciones por el Día del Pino”, agrega. Asimismo, manifiestan que el riesgo de contagios en este tipo de espacios es mínimo porque “están al aire libre y se cumple con los requisitos sanitarios”.
En concreto, señalan que en Telde no solo se efectúan todas las medidas establecidas por el Gobierno en cuanto a la distancia entre casetas (un mínimo de dos metros laterales y siete frontales), sino que el área de Mercados ha obligado a duplicarlas. “Tenemos un mínimo de 14 metros frontales entre las casetas y en algunas puntos incluso llegamos a 20”, señala Montesdeoca, que además recuerda que se han dejado de montar unos 70 habituales para cumplir con la normativa.
El colectivo añade que en recintos cerrados como los centros comerciales se desarrolla actividad comercial todos los días durante más de 12 horas, mientras que las instalaciones en donde ellos realizan sus ventas se sitúan en exterior, son desmontables y solo permanecen abiertas durante las horas de la mañana un día a la semana. “Lo que se está haciendo con nuestro colectivo es totalmente injusto”, afirman y alertan de que las administraciones aún no han decretado un día de apertura. “Desde Telde nos han informado que estará prohibida la venta en mercadillos hasta el día 3 de octubre, pero no nos aseguran que podamos abrir el domingo 4; muchos vendedores se niegan a adquirir mercancía hasta que no hagan una notificación de apertura porque no quieren arriesgarse”, expresan.
Finalmente, han acordado reunirse esta misma mañana con el director general de comercio y consumo del Gobierno autonómico para comentarle esta problemática. “Creo que hasta que el Gobierno de Canarias no anuncie explícitamente en el Boletín Oficial del Estado que los mercadillos pueden seguir abiertos si cumplen con las medidas, nos seguirán cesando la actividad en los municipios”, añaden. Por otro lado, el colectivo ha puesto en marcha un proceso de trámite para establecer una junta directiva y retomar la actividad en su agrupación de comerciantes. “Teniamos una asociación de empresarios de pequeñas empresas inactiva desde hacía mucho tiempo; ahora queremos retomarla”, añade.
