Una empresa privada del sector de la inmobiliaria ha instalado en una parcela de titularidad municipal en el barrio de Las Huesas una decena de prototipos de casas de madera prefabricadas para su posterior venta, según ha señalado la concejala de Patrimonio, Lidia Mejías. El terreno estaba hasta hace unos meses completamente vacío, ya que no se usaba para ninguna finalidad concreta y tampoco estaba edificado.
Una de las trabajadoras del departamento percibió por casualidad que este había sido ocupado, por lo que se inició una investigación para concretar si se había solicitado algún documento en el área que certificase que tenían permiso para operar ahí. Sin embargo, no se halló ningún título que habilitara la ocupación, por lo que se consideró como ilegítima y finalmente hace unos días se aprobó instar a la entidad a salir del espacio. Tras el periodo que el Ayuntamiento tomó para recabar información se pudo precisar que este espacio está compuesto por tres parcelas municipales destinadas para equipamiento social, deportivo y zona verde. Lindan unas con otras y la suma de su superficie es de 4.300 metros cuadrados.
El departamento redactó con estos datos un informe técnico y elevó por urgencia a la Junta de Gobierno Local -que se celebró el pasado miércoles- el requirimiento a la entidad privada de cesar su actividad de venta y abandonar el terreno lo antes posible. En concreto, tras la aprobación de este punto, el afectado tendrá diez días para presentar alegaciones y en el caso de que sean desestimadas, tendrá que desmontar las viviendas prefabricadas y abandonar el sitio en un máximo de ocho días.
Desde la entidad señalan que operan en un espacio privado que está alquilado
Fuentes de la empresa afectada por este proceso manifestaron ayer sorpresa por esta noticia, ya que todavía no les ha llegado ningún aviso u orden para abandonar la zona. Asimismo, afirman que presentarán alegaciones porque están completamente seguros de que el espacio donde realizan su actividad es de titularidad privada y presentarán la documentación necesaria, solicitando también al propietario del terreno que se manifieste al respecto ya que ellos se mantienen en un régimen de alquiler.
Por otro lado, expresaron extrañeza por el asunto, ya que durante el tiempo que estuvieron adaptando la zona a sus necesidades (antes de iniciar a operar) solicitaron la conexión de agua y luz y no tuvieron ningún problema; sin embargo, aseguran que comprobarán si se han ajustado bien a los límites del terreno privado que tienen alquilado o si por error han ocupado las parcelas municipales.
Mejías añade que es posible que realmente haya parte del terreno que sea privado, pero reitera que la ocupación en el público es real porque se tomaron los estudios suficientes para certificarlo; destacando que no hubiera sido presentado en la Junta de Gobierno si no se tuviese absoluta certeza.
Procedimiento rápido
Desde el Consistorio esperan que este problema se solucione cuanto antes y de la mejor manera posible e indican que es un procedimiento bastante ágil que no precisa de trámites judiciales. En el caso de que la empresa no desocupe el espacio en el momento preciso, los operarios municipales se personarán en esta parcela para forzar el desalojo.
La edil responsable defiende la importancia de proteger el patrimonio municipal y destaca que durante el tiempo que ocupa el puesto de concejala en el área, desde junio del año pasado, ya es la segunda vez que tramita un procedimiento similar, relacionado con la invasión de superficies que pertenecen al Ayuntamiento. El primer caso tenía que ver con la instalación de una terraza en el barrio de San Gregorio sin tener la concesión de una licencia para ocupar la vía pública. La concejala explica que el trámite fue muy rápido, por lo que cree que en esta ocasión también lo será.
Por otro lado, otro de los asuntos que se aprobaron en la Junta fue la prórroga de los contratos con los tres despachos de abogados que se encargan desde finales de 2018 de la defensa jurídica del Ayuntamiento de Telde.
El procedimiento de desalojo ha sido elevado por urgencia a la Junta de Gobierno Local
La concejala de Contratación, Celeste López, explicó que la prórroga tendrá una vigencia de un año y un coste de 98.441 euros. Con este contrato, el Consistorio garantiza con el apoyo de bufés especializados, su defensa , así como de los cargos públicos y funcionarios ante instancias judiciales en los casos en los que puedan verse inmersos como consecuencia del desarrollo de su actividad.
