El Ayuntamiento de Telde ya ha puesto en marcha los trámites para actualizar la ordenanza municipal que regula el servicio de autotaxi en el municipio, un documento que lleva varios años obsoleto y que debe ser adaptado a las nuevas normativas y leyes actualmente vigentes. Aprovechando la coyuntura, la administración ha dispuesto a los profesionales del sector y a la propia ciudadanía de la posibilidad de presentar solicitudes y sugerencias parar mejorar entre todos la normativa antes de que se proceda a su redacción.
Este es un proceso que además se está efectuando de forma paralela con la regularización del sistema de apuntadores. El concejal de Transporte, Agustín Arencibia, explica que con con este procedimiento -que también se está llevando a cabo en Ingenio- se podrá ejecutar, entre otros aspectos, el cambio de la fórmula con la que se distribuye el trabajo de los taxistas en el aeropuerto, que pasará a ser gestionado de forma directa por los dos consistorios, que han suscrito un convenio para ello.
Lorenzo Rodríguez, presidente de la mayor cooperativa del sector en el municipio teldense (en la que están inscritos más de 180 usuarios), alaba esta decisión municipal. «Tenemos muchas cosas que decir al respecto», expresa con contundencia. En concreto señala el método de pago a los usuarios, destacando que es necesario recoger en el documento el derecho de los clientes a pagar con tarjeta cualquier importe. «Actualmente es posible rechazar a un usuario que quiere pagar con tarjeta si va a efectuar un viaje que corresponde a un servicio de menos de seis euros; de esta manera se crean situaciones violentas en las propias paradas y me parece que no debería permitirse», añade el profesional, pues ha denunciado esta situación muchas veces.
Los taxistas solicitan que se modifique el método para evaluar a los futuros profesionales
También considera esencial que se modifique el sistema para examinar a las personas que quieran formar parte del sector del taxi, señalando que se carece de una materia concreta de estudio y que el contenido de las pruebas teóricas no corresponde con las necesidades actuales. «Por lo que sé siguen preguntando por el callejero del municipio, pero eso está desfasado porque hoy en día se utiliza el sistema de GPS; nosotros creemos que sería preferible que se efectúen pruebas prácticas para comprobar si los aspirantes saben cómo utilizar un taxímetro o que les formulen preguntas específicas sobre circunstancias determinadas, como la reacción que tendrían en situaciones de tensión con algún cliente o cómo tratar a una embarazada o a un usuario con problemas físicos», añade.
La lista de peticiones es larga, teniendo en cuenta que hace muchos años que precisan de una actualización del documento. La administración señala que los profesionales y la propia ciudadanía podrá enviar sus propuestas en un plazo de 20 días hábiles a través del registro general.
La nueva normativa también contempla adaptar la ordenanza para que se permita implantar nuevas tecnologías en el servicio, como los sistemas de gestión de flotas. Estas herramientas mejoran la seguridad tanto de los usuarios como de los prestatarios porque registra en tiempo real la ubicación del vehículo. Asimismo, también se prevé la instalación de otros sistemas específicos para controlar los kilómetros que efectúan los taxis. Estos permitirán a su vez llevar un mejor registro de las cargas en el aeropuerto y evitar que se produzcan desiguldades entre los profesionales y facilitará el trabajo de los apuntadores.
El servicio sigue efectuándose por los propios taxistas de los municipios de Ingenio y Telde, a pesar de que el Cabildo de Gran Canaria ordenó a las administraciones que se hiciesen cargo y paralizasen el cobro de las cuotas. Algunos de los trabajadores del sector que asisten semanalmente al complejo aeroportuario han dejado de pagar por efectuar los viajes, siguiendo la resolución de la institución insular y también de la Fiscalía, que ratifica que el cobro de estos importes no está amparado por la ley. El Ayuntamiento de Telde sostiene que este es el sistema que debe mantenerse mientras efectúan los trámites para asumir la prestación.
