Las familias con hijos menores de tres años tendrán que pagar para inscribir a sus pequeños en cualquiera de las tres escuelas infantiles del municipio en los próximos cursos. Hasta el momento este servicio se ha efectuado de manera completamente gratuita, pero ya no será así. El Gobierno de Canarias cofinanciará con el Ayuntamiento este servicio y los propios usuarios también deberán aportar una pequeña parte. Así lo reveló el pasado lunes la alcaldesa, Carmen Hernández, durante la última sesión plenaria del año.
El dinero con el que Ayuntamiento ha financiado la gestión de estos centros pertenecía a una subvención estatal. Sin embargo, esta partida quedó agotada el pasado mes de julio, por lo que el Gobierno ha tenido que buscar otras fórmulas para continuar ofreciendo este recurso educativo. Según adelantó Hernández, el Ayuntamiento se adherirá a un convenio de la FECAM por el cual el Ejecutivo local delega las competencias de las escuelas infantiles a las administraciones locales durante los próximos cuatro años (2022-25).
Esto supone que el mantenimiento de las instalaciones y su puesta en marcha será cofinanciado entre esta administración, la local y, en menor porcentaje, por las propias familias. En concreto, la mandataria explicó que la Consejería de Educación aportaría la mayor cantidad de dinero (un 50% del presupuesto necesario), mientras que la administración se encargaría de un 30% y el resto, los usuarios. Cabe destacar que el importe que deberá aportar cada unidad familiar por sus plazas dependerá de su renta.
Esta información fue revelada por la regidora durante el debate para aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito, correspondiente al pago de 918.464 euros de las facturas acumuladas por los meses en los que la empresa pública Fomentas se hizo cargo del servicio sin tener encargo. La portavoz del Partido Popular, Sonsoles Martín, solicitó que el punto fuese retirado de la orden del día al afirmar que faltaban expedientes importantes y aprovechó para recriminar que el Gobierno no hubiera sido capaz de tramitar la encomienda a la entidad antes de que se acabase la subvención. «La causa que motiva el incumplimiento jurídico administrativo fue la caducidad del encargo de gestión y la no formalización de uno nuevo en tiempo y forma», manifestó Martín en la sesión, parafraseando uno de los puntos del expediente, que se elevó por urgencia.
Por otro lado, la concejala señaló que el nuevo encargo efectuado a Fomentas para continuar con el servicio fue aprobado por junta de gobierno local el pasado 23 de diciembre, «tres horas más tarde de que el Partido Popular solicitase una copia de la encomienda», añadió la portavoz para dejar entrever que el Gobierno local se apuró a firmar el acuerdo con la empresa pública por presión. Hernández aclaró que el motivo por el cual no pudo llevarse a cabo un nuevo encargo tras acabarse la subvención fue porque no se había podido aprobar a tiempo el presupuesto de este año. «El no tener el presupuesto abierto supuso el retraso de la tramitación de las facturas unos meses», añadió la mandataria, que recordó que las escuelas infantiles habían sido cerradas por el Partido Popular. «Desde su formación siempre han mantenido una postura negativa con respecto a las guarderías y han intentado buscar el mínimo fallo para que no prosperen», concluyó la alcaldesa.
