La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, seleccionó y nombró por cuenta propia a un auxiliar administrativo del Ayuntamiento para que desempeñase durante un mes las funciones de interventor municipal, un puesto que conlleva tareas de control y fiscalización de la gestión económica-financiera de la administraciones local. La decisión no contó con el beneplácito de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, institución encargada de designar este tipo de cargos públicos, por lo que es posible que todos los trámites aprobados en el Consistorio desde el 20 de diciembre (fecha en el que se firmó el decreto de nombramiento) queden anulados.
La medida fue tomada tras el cese de Eloísa Gil Peñate, que tras ocupar el puesto durante cinco años de manera accidental ha acabado siendo trasladada de manera definitiva al municipio de Vallehermoso en la isla de La Gomera. Desde el Ayuntamiento explican a través de una carta dirigida a la institución regional que ante la necesidad de ocupar con urgencia la plaza "se procedió a dar cobertura al puesto mediante decreto de alcadía, decayendo dicho nombramiento el próximo 20 de enero de 2022", detalla el texto.
Así la responsable política aprobó que fuese Juan Manuel Betancor, un funcionario municipal perteneciente al grupo C (que cuenta con estudios solo hasta bachillerato elemental), quien ocupase el cargo de manera temporal. Fuentes cercanas al Ayuntamiento añaden además que la secretaria de la Junta de Gobierno Local redactó un informe alertando de que si se llevaba a cabo la designación podría incurrirse en una irregularidad. La regidora, a sabiendas de que esto, decretó igualmente el nombramiento.
Aunque en el escrito reiteran que desde el Gobierno local quedaban a la espera de que designasen a un habilitado nacional, la respuesta de la institución regional deja claro que esta no fue la manera correcta de proceder. A través de una contesta, emitida el pasado 19 de enero, la dirección general manifiesta claramente que la administración local ha infringido el ordenamiento jurídico, ya que carece de competencia material para efectuar este tipo de decisiones. En uno de los apartados del documento, que está firmado por la directora general Montserrat García, se reitera que estas actuaciones están atribuidas únicamente a las Comunidades Autónomas. Por este motivo, "la invalidez de la designación puede afectar a la validez de los actos y trámites en los que haya podido intervenir el funcionario escogido", señala el escrito.
Por ejemplo, la aprobación de los expedientes del pleno ordinario de diciembre podrían ser derogados: facturas de servicios sin contrato (trámites denominados como reconocimientos extrajudiciales de crédito), entre las que se incluye un millón de euros por el servicio de las escuelas infantiles; la regulación de los apuntadores del aeropuerto; la ordenanza de protección del medio ambiente y espacios públicos y la normativa del servicio de ayuda a domicilio, entre otros asuntos.
Petición inviable
El escrito deja patente que fue la alcaldesa quien redactó y emitió una propuesta a Función Pública el día 17 de diciembre (viernes) para conferir el nuevo nombramiento accidental y excepcional a Juan Manuel Betancor, funcionario con categoría de auxiliar administrativo, en sustitución de Eloísa Peñate, que dejaba el cargo el 20 de diciembre (lunes). Entre la emisión de la petición y el nombramiento apenas pasó un fin de semana, periodo no laboral para las administraciones públicas. Por este motivo, la institución canaria reprocha que "resulta evidente que, en tan corto espacio de tiempo, era inviable que esta Dirección General pudiera instruir y resolver el procedimiento para conferir el nombramiento accidental y excepcional a favor de Juan Manuel Betancor".
Por otra parte, resaltan que el puesto de interventor debe ser cubierto por técnicos que pertenezcan al subgrupo A-1. Es decir, funcionarios que cuenten con estudios universitarios, preferiblemente vinculados al ámbito de la economía, de modo que se garantice que pueden llevar a cabo las funciones requeridas. En este caso, la alcaldía constató en su escrito de propuesta que aunque desde la administración son conscientes de este proceder, el Ayuntamiento no cuenta en estos momentos con suficientes trabajadores en esa categoría para poder designar a alguien más adecuado. Detallan que los pocos funcionarios que cumplen los requisitos están ostentando ahora mismo jefaturas de servicio que no pueden desatender por contar con una gran sobrecarga de trabajo.
En la petición, inciden en que es absolutamente necesario dar cobertura al puesto de interventor y hacen especial hincapié en que durante los últimos días de diciembre se acumulan importantes tareas en los que este cargo tiene un papel fundamental, como puede ser el cierre del ejercicio presupuestario. Por otro lado, también aclaran que han estado efectuando peticiones a lo largo de todo el año 2021 para que autorizasen este nombramiento antes de que tuviesen que tomar la iniciativa y para que procediesen a la designación del candidato definitivo para este puesto.
Cabe destacar que finalmente que el Ejecutivo acabó por nombrar oficialmente al funcionario teldense el día 3 de enero, con una duración máxima de un mes. Sin embargo, advierte a la Corporación local que deben sanar el vicio de incompetencia del que adolece el decreto aprobado el 20 de diciembre, correspondiente a este nombramiento, a través de las técnicas de convalidación de actos previstas en el ordenamiento jurídico. Por otro lado, en el último párrafo del documento subrayan que "resulta, sin embargo, muy dudosa la preferencia del nombramiento interino", en referencia a Juan Manuel Betancor.
