El Tribunal de Cuentas, órgano estatal fiscalizador de la gestión económica del sector público, ha valorado que el presupuesto de Telde aprobado para el año 2020 no cumple con los principios de nivelación presupuestaria. Es decir, los ingresos previstos para ese ejercicio no están bien equilibrados con respecto a los gastos.
En un informe firmado por Miguel Ángel Torres, consejero del departamento de entidades locales, se esclarece que la carencia de documentos esenciales impide verificar la existencia del equilibrio financiero, «lo que podría conllevar a la anulación del acto, conforme con diversos pronunciamientos jurisdiccionales», concluye el escrito.
La institución ha llevado a cabo el análisis exhaustivo de las cuentas generales del Ayuntamiento durante ese año tras recibir una solicitud por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación a una denuncia presentada por Ciuca, uno de los partidos de la oposición. En este requerimiento, la formación señala numerosas irregulares: que los informes preceptivos no fueron elaborados por un funcionario habilitado, que los presupuestos de las empresas municipales no están debidamente integrados y que el presupuesto no recoge todas las deudas pendientes, entre otros.
El órgano estatal ha tenido en cuenta estas acusaciones, así como los contraargumentos presentados por la el Gobierno local, y concluye en su estudio que sí existen algunas anomalías que impiden dar conformidad al documento económico. En concreto, resalta que los expedientes aportados por la administración municipal no cuentan con elementos de juicio suficientes (cálculos precisos o base técnica) para poder contrastar que las cantidades presupuestadas son las correctas.
Por otro lado, concreta que tras requerir a la institución local los documentos oportunos para llevar a cabo la investigación, la Corporación omitió algunos informes importantes. Estos son el anexo de personal, de inversiones, de beneficios fiscales y, entre otros muchos, el informe económico-financiero en el que se deben exponer las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas.
Este último documento (imprescindible para efectuar la comprobación necesaria) tuvo que ser adquirido por el Tribunal de Cuentas mediante la página de transparencia del Ayuntamiento. Y a pesar de todo, añaden que en el escrito solo se hace una somera descripción teórica de los ingresos, sin explicar la razón por la que se presupuestan esas cantidades.
«Tanto la memoria de la Alcaldía como el informe económico-financiero suscrito por la interventora presentan un carácter meramente formal y enunciativo, sin que ninguno de estos documentos presente cálculos sobre algún impuesto, tasa o precio público que permita valorar la coherencia de las cuantías consignadas por ingresos tributarios», señala textualmente el escrito del Tribunal.
El consejero también destaca que la suscripción de este informe por parte de la interventora no es válida en esta situación. «El interventor debe ser el responsable de emitir otro informe al menos diez días después de que estuviese toda la documentación del presupuesto puesta a su disposición para su correspondiente estudio», sostiene en el texto. Aclara para que no queden dudas que esta colaboración con el interventor se efectúa en municipios pequeños al ser el único funcionario con conocimientos técnicos, pero en el caso de Telde es preciso que se segreguen las funciones de gestión y control.
Sobre la información que debe añadirse de las entidades municipales, el Tribunal señala que el presupuesto integra los estados de previsión de ingresos y gastos de las empresas públicas Fomentas y de Gestel. Sin embargo, no incluye los de la sociedad de desarrollo y promoción de Telde, que también está vinculada con la administración y que, a pesar de no tener actividad, no está dada aún de baja.
Diferencia "no explicada"
Entre otras de las anomalías señaladas se encuentra que el apartado de gastos del presupuesto que fue aprobado no coincide con la información presentada al Tribunal. «Se ha detectado una diferencia no explicada de 2.515.891 euros», expresan desde el órgano estatal.
Finalmente, también cabría destacar que el presupuesto fue aprobado definitivamente en julio de ese ejercicio, con siete meses de retraso. En este sentido, el Tribunal concreta que la tardanza en sacar adelante el documento «perjudica la gestión administrativa y pone de manifiesto una deficiencia en la planificación económica», añade.
Juan Antonio Peña, portavoz de Ciuca, echa en cara al Gobierno que «el procedimiento judicial se pudo haber evitado». El concejal asegura que durante las sesiones plenarias en las que se debatió este presupuesto la formación interpeló a la concejala de Hacienda y Economía, Celeste López, para que aclarase su dudas sobre el tema. «Sin embargo no respondió, por lo que su omisión a la colaboración y transparencia llevó a esta formación política a buscar la verdad en los juzgados», añade Peña.
Finalmente, el responsable asegura que si el TSJC dicta finalmente que las cuentas son nulas solicitará su corrección, «lo que implicará que también se tengan que modificar los presupuestos del 2021 y el 2022». Este último aún se encuentra en trámite. Este periódico se ha intentado ponerse en contacto con la administración para solicitar su versión, pero al cierre de esta edición no habían emitido respuesta.
