El Ayuntamiento de Telde cuenta ya por fin con la figura de interventor, un puesto que llevaba sin cubrirse oficialmente desde el pasado mes de diciembre y de forma accidental desde hacías tres semanas, aproximadamente. Finalmente será Ángeles Alemán, jefa de servicio del área de Educación, quien ocupe este cargo de manera temporal hasta que la Dirección General de Función Pública asigne definitivamente a un habilitado con carácter nacional.
Su presencia permitirá a la administración aprobar por fin asuntos económicos, como el proyecto inicial del presupuesto de esta nueva anualidad, cuya aprobación ha tenido que ser retrasada precisamente por encontrarse el cargo vacante. Sin embargo, esta situación también conllevará la paralización del departamento que gestiona el mantenimiento de los centros escolares de infantil y primaria, dirigido por el concejal Juan Francisco Artiles.
Según la resolución dictada por la Dirección estatal, la nueva interventora «no podrá simultanear el ejercicio de más de un puesto de trabajo, por aplicación de la normativa sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas». De este modo, el área municipal se ha mantenido paralizada desde el viernes pasado, día en que la alcaldesa, Carmen Hernández, firmó el decreto de nombramiento. Cabe esperar que el próximo lunes, 18 de marzo, al comienzo de las clases tras las vacaciones de Semana Santa, la institución pueda proclamar finalmente un sustituto para la jefatura del servicio.
Alemán, que ocupará la intervención municipal durante un periodo de un mes, en principio, cuenta con la clasificación de funcionaria de carrera de la escala de administración especial, del grupo A, subgrupo A1. Por tanto se considera que está capacitada para desempeñar las funciones públicas del puesto de trabajo de la intervención general municipal, perteneciente a la clase primera, un cargo que está reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, de la subescala de Intervención-Tesorería categoría superior.
Cabe recordar que el nombramiento de este puesto ha causado polémica en los últimos meses. Tras la marcha de la anterior interventora, Eloísa Gil, el 20 de diciembre del año pasado, la institución decidió designar sin el beneplácito de Función Pública a un funcionario con categoría de auxiliar administrativo. Tras conocer esta situación, la institución canaria reprochó que se tomase la decisión sin esperar la aprobación regional y solicitó a la administración local que solventasen el problema.
En concreto, resaltaron en un escrito remitido al Ayuntamiento que debían «sanar el vicio de incompetencia del que adolece el decreto correspondiente a este nombramiento a través de las técnicas de convalidación de actos previstas en el ordenamiento jurídico». De esta manera el Consistorio evitaba que Función Pública invalidase expedientes que habían sido aprobados durante el periodo de tiempo en el que actuó el funcionario municipal.
El anterior sustituto de la intervención tuvo que abandonar el puesto por orden de Función Pública
Sin embargo, desde el Ejecutivo regional sí quisieron dejar claro al Gobierno local que resultaba «muy dudosa la preferencia del nombramiento interino». Esta conclusión probablemente fue derivada por la rapidez con la que se llevaron a cabo los trámites del nombramiento.
En la emisiva manifestaron que el Ayuntamiento había solicitado el nombramiento del funcionario un viernes y decretó que se cubriese el puesto sin esperar a la respuesta el lunes siguiente (20 de diciembre), un periodo no laborable para las instituciones públicas. A esta situación, Función Pública argumentó que «resulta evidente que, en tan corto espacio de tiempo, era inviable que esta Dirección General pudiera instruir y resolver el procedimiento para conferir el nombramiento accidental y excepcional a este funcionario».
Tras publicarse en este medio de comunicación lo sucedido, varios grupos políticos de la oposición solicitaron conocer las causas que derivaron de esta situación. Partidos como Ciuca llegaron a declarar que «la arbitrariedad del nombramiento, la rapidez de los hechos, y otros asuntos ponen en entredicho los principios de imparcialidad, transparencia y la discrecionalidad, características básicas de los funcionarios habilitados nacionales».
El Ayuntamiento podrá aprobar finalmente el Presupuesto de esta anualidad
Por su parte, el Ayuntamiento manifestó que habían tomado la decisión al necesitar imperiosamente cubrir el puesto para aprobar importantes expedientes económicos necesarios para cerrar el ejercicio. Asimismo, argumentaron que la elección de este funcionario no se sostenía por intereses privados porque el mismo trabajador municipal llevaba sustituyendo a interventores sin ningún problema desde el año 1989. «Siempre ha tenido el visto bueno de Función Pública», argumentaron desde el Gobierno local. El funcionario estuvo en el cargo una semana más después de la misiva, hasta que finalmente renunció.
