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Telde recibe una multa por mantener sin tareas a una trabajadora y aislarla en las antiguas oficinas

La Inspección de Trabajo considera que se ha vulnerado el derecho laboral y califica la infracción como «muy grave» | La afectada también denunció estar aislada en un edificio municipal abandonado

Nueva oficinas del Ayuntamiento de Telde, en El Cubillo. ANDRES CRUZ

El Ayuntamiento deberá pagar una sanción económica de 6.500 euros por mantener a una trabajadora municipal sin efectuar ninguna tarea laboral durante un periodo aproximado de un año. La Inspección de Trabajo, que ha impuesto esta multa tras investigar los hechos denunciados por María Isabel Castro a finales de 2019, ha calificado como "muy grave" la situación y afirmado a través de un escrito que este hecho constituye la vulneración del derecho laboral y un atentado contra la dignidad de la persona. 

La denunciante, que ya se encuentra jubilada, estaba categorizada como personal laboral indefinido no fijo adscrito a Alcaldía y debía efectuar tareas de periodista en el gabinete de prensa. Su situación no solo se limitaba a la falta de trabajo, también denunciaba molesta que tras el traslado de las dependencias municipales al nuevo edificio de usos múltiples de El Cubillo, su puesto de trabajo había sido el único de toda la plantilla municipal que había permanecido en el antiguo.

Para comprobar la certeza de estas situaciones reprochadas, una encargada de la inspección se acercó el 22 de julio de 2020 a las anteriores instalaciones municipales (actualmente el área de Servicios Sociales, ubicado en la plaza de San Juan). La trabajadora explicó en ese momento que su trabajo debía consistir en redactar notas de prensa, acompañar a los representantes políticos durante los actos públicos y gestionar las redes sociales en horario de 8.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.

Aseveró durante la visita que permanecía desde la entrada del nuevo gobierno (en julio de 2019) sin realizar ninguna tarea y agregó que hacía un mes que no podía registrar sus inicios de jornada al carecer del aparato de control biométrico de huella dactilar con el que fichan usualmente los trabajadores, pues fue desplazado a las nuevas oficinas. Asimismo, dejó claro que esta situación fue puesta en conocimiento directamente al alcalde, Héctor Suárez.

La institución estatal citó finalmente al mandatario a las oficinas públicas con la finalidad de que aportase información y documentación de interés para la investigación. Según señala un escrito emitido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Suárez declara que desconocía hasta ese momento las circunstancias en las que se encontraba Castro hasta que ella no se lo contó por teléfono durante el estado de alarma.

Según el escrito de Inspección, Suárez acordó en ese momento con Castro que llevase a cabo las tareas de encargada de prensa en las instalaciones de El Cubillo porque, según su versión, ella había comunicado que no quería trasladarse a El Cubillo por ser grupo de riesgo. Sin embargo, Castro desmintió esta información el 14 de agosto del mismo año. Pocos días después el Ayuntamiento recibió una diligencia de la institución estatal requiriendo que "cesasen el aislamiento de la trabajadora, no pudiendo permanecer en contra de su voluntad en las dependencias municipales de la plaza de San Juan estando vacías y abandonadas, cuando los trabajadores del gabinete se encuentran en las nuevas oficinas". Por otro lado, se dejó también constancia de que desde Alcadía debían asignar a la trabajadora tareas asignadas a su puesto de trabajo "debiéndose respetar su derecho a la ocupación definitiva".

La Inspección esclarece que la administración local mantuvo a la trabajadora durante un año sin efectuar ninguna tarea "sin una justificación objetiva y razonable que permitiese mantener la privación del derecho laboral", cita textualmente el documento. Por tanto, considera que existe un atentado contra la dignidad de esta persona que se concreta en la "falta de ocupación efectiva".

Tales hechos constituyen una infracción tipificada como muy grave, por lo que se ha impuesto una sanción valorada en 6.251 euros (que ha aumentado a 6.563 por retrasos en el pago). El Ayuntamiento firmó finalmente el pasado 20 de abril un decreto, firmado por el área de Recursos Humanos, por el que se aprueba el reconocimiento y liquidación de la deuda.

Ciuca, formación política de la oposición, se ha hecho eco de esta situación y ha manifestado públicamente que "se estaba produciendo con ella una situación de acoso laboral". Por otro lado, critica que la demora a la hora de abonar la multa haya aumentado la cantidad adeudada. 

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