Telde vuelve a estar paralizado por la falta de interventor municipal, sin poder autorizar las nóminas de sus 550 trabajadores, pagar a los proveedores o conceder ayudas sociales y subvenciones, entre otros gastos municipales de relevancia que llevan aparejada la rúbrica de esta importante figura de fiscalización.

La anterior interventora, que no era titular, se fue a La Gomera el pasado diciembre porque obtuvo plaza allí. Desde entonces Función Pública ha ido autorizando mensualmente interventores accidentales. Pero este mes, tras el cese del anterior interventor, no se ha nombrado ninguno más, por lo que peligra el pago de las nóminas en tiempo y forma, más aún con el fin de semana y la festividad de Todos los Santos a la vuelta de la esquina, según explican sindicatos como UGT y CSIF.

La alcaldesa, Carmen Hernández, tiene previsto explicar la situación en el pleno de hoy, con todas las gestiones realizadas hasta la fecha para tratar de que Función Pública cubra esa importante vacante en el municipio.

Mientras, partidos de la oposición, como Ciuca, se hacen eco del «mal ambiente laboral» y la «parálisis» que la falta de interventor genera en el Ayuntamiento. Su portavoz, Juan Antonio Peña, acusa a Carmen Hernández de mantenerse «de brazos cruzados» ante la falta de interventor, un departamento «esencial» para el funcionamiento económico de la administración. «Llevamos desde enero invitando a la alcaldesa a plantarse en Función Pública y resolver el problema, y además tendiendo la mano desde Ciuca para apoyar cualquier iniciativa que conlleve garantizar el nombramiento», añade el portavoz.

Peña reprocha a Hernández que, siendo parlamentaria, con el mismo partido en el Gobierno de Canarias, no ha sido capaz de «fijar en el área a un titular que le de estabilidad económica a la institución». Según Ciuca, la regidora no ha querido tratar el asunto con los portavoces en el salón de Plenos, sino que ha optado por el silencio y la falta de transparencia, «como es habitual en su gestión», agrega. El portavoz emplaza a la alcaldesa a adoptar una postura institucional que impulse la solución del problema, pues supone el bloqueo de las cuentas municipales, con retrasos importantes en el abono de las ayudas sociales, entre otras áreas afectadas.