Canarias afirma que deslindes como el de Salinetas limitan la gestión de litoral

El Gobierno de Canarias afirma que los deslindes marítimo-terrestres impulsados por el Estado, como el de Telde, limitan la gestión del litoral, que es precisamente la competencia que tiene cedida al Ejecutivo autonómico. Así lo asevera el director general de Costas de Canarias, Antonio Acosta, quien agrega que "se utiliza este procedimiento como una nueva agresión a las competencias y nos preocupa que se usen para parar cualquier posibilidad de gestión del litoral por parte del Gobierno canario".

Y es que "cada vez que se activa un deslinde se paralizan todos los expedientes que en ese momento se estén tramitando", que es lo que ha ocurrido en Salinetas o lo que ocurrirá con los "22 kilómetros de Yaiza, donde no se puede gestionar nada hasta que se resuelva, y con esto podemos estar años". Esta paralización de facto, recuerda Acosta, fue lo que frenó la construcción de botaolas de Salinetas, que finalmente se desatascó porque el Gobierno canario buscó "una solución jurídica".

En el caso concreto de los 1.514 metros que unen Melenara y Salinetas, además, "no tiene sentido plantear un deslinde nuevo cuando no se soluciona nada", apostilla Acosta. El requerimiento presentado por el Gobierno de Canarias al trazado publicado en enero por la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conlleva únicamente una modificación de, aproximadamente, un 2% del deslinde anterior, por lo que "no supone un cambio sustancial" y "no resuelve las situaciones del litoral ni ayuda a que los particulares resuelvan sus problemas jurídicos, y no es así porque el Estado no quiere".

Corrección de errores

Ahora, continúa el director general de Costas de Canarias, "se han dado cuenta de que se han equivocado y en vez de estimar el recurso que presentamos plantean una corrección de errores que no sabemos hasta dónde llegan, pero podría ser únicamente un tema de planimetrías"

Mientras los técnicos analizan el nuevo documento del Estado, el Gobierno de Canarias seguirá adelante con el contencioso-administrativo presentado, "que ya habrá tiempo de allanarse en el juzgado si finalmente se atienden nuestras reclamaciones".

Por otro lado, el Ejecutivo canario reclama las competencias para ordenar el litoral. "El Estado se ha quedado con todo lo concerniente a la integridad, el deslinde y la recuperación del dominio público, pero los deslindes los debe asumir Canarias como gestor del dominio público".

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Planos obsoletos

Más allá de todas estas consideraciones, el Gobierno regional ha alertado sobre varios errores en el planeamiento propuesto por el Estado, el primero de ellos relacionado con la antigüedad de 37 años de las imágenes y planimetrías utilizadas para trazar el nuevo deslinde. "Esta obsolescencia cartográfica genera, por tanto, una situación de inseguridad jurídica arrastrada desde la primera incoación del expediente de deslinde en año 2009", sentencia el recurso presentado ante el Estado. La 'fotografía' de este tramo del litoral teldense, por consiguiente, recoge algunas edificaciones que ya no existen y no contempla otras que se han realizado a lo largo de estas casi cuatro décadas transcurridas, como las recientes modificaciones en el paseo marítimo de Melenara, por ejemplo.

Por otro lado, el Ejecutivo regional asevera que los estudios que sustentan el documento estatal son de septiembre de 2010, por lo que "no se ha verificado la realidad física actual" y se ha plasmado la línea sobre una cartografía "datada entre los años 1982 y 1987, generando importantes incongruencias y desajustes entre la delimitación del dominio público marítimo terrestre y los bienes deslindados".

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Invasión del paseo y varias viviendas

A esto hay que añadir que el plano de 2022 omite varios vértices, que son los puntos de referencia que permiten definir la línea de deslinde. Esto se traduce en que el trazado no siga la línea del paseo marítimo en todo su recorrido y si bien en algunas zonas pasa por detrás, en otras los recorta hasta tres y cuatro metros, como en el barranquillo, en Salinetas. En otra zona, por ejemplo, se "observa una clara invasión sobre la propiedad privada en más de tres metros del borde de la fachada que no obedece a un retranqueo debido a aleros, ya que las fachadas de estas edificaciones están a ras y no han variado desde que se tiene constancia fotográfica, desde el año 1951".

El desplazamiento de los vértices, por otro lado, se traslada en algunas zonas tres metros hacia el interior de las edificaciones, como ocurre con un conjunto de casas situadas en la misma playa de Salinetas, donde se invade las viviendas situadas en la misma manzana que el número 77 de la Avenida Américo Vespucio, asevera el Gobierno canario en el escrito remitido a Costas.