Vecinos y ecologistas rechazan la planta de gas propano en Salinetas

Residentes de Melenara, Clavellinas y Salinetas, a través de la Asociación de Vecinos Meclasa, se oponen «frontalmente» a la instalación de la planta eléctrica de propano en la zona industrial de esa costa del municipio de Telde al considerar que la elección del sitio es «arbitraria y excepcionalmente cercana a las viviendas existentes en la zona» . 

En una alegación de 25 folios ante el Ayuntamiento de Telde, registrada este miércoles por el presidente de la asociación, Leonardo Hernández, estos vecinos sostienen que la localización de la futura planta energética de Disa «responde a la mera conveniencia a intereses particulares del promotor y no justifica ni la tramitación por la vía de urgencia ni la declaración de Interés General», por lo que exigen al Gobierno de Canarias y al Consistorio teldense que «dada la facilidad para implantar el proyecto en suelo no apto y susceptible de expropiación, este se traslade a una localización objetivamente óptima que no implique peligro para los vecinos o un detrimento de su salud». 

Esta alegación se suma a la presentada el 29 de mayo por el Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción ante la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo autonómico, en la que también rechaza la ubicación en un solar de Salinetas y solicita «que se archive y deniegue la tramitación del presente proyecto por resultar incompatible con la seguridad pública, la salud, y el planeamiento urbanístico vigente». 

Además, el grupo ecologista plantea que «se evalúen alternativas más seguras y sostenibles, como la instalación en centros ya existentes como Jinámar o Barranco de Tirajana». 

La compañía Disa acudió a un concurso público del Gobierno de Canarias para crear un planta de generación eléctrica de emergencia en el polígono industrial de Salinetas con el objetivo de reforzar el sistema energético de Gran Canaria, en concreto por el déficit en la zona norte, y prevenir apagones como los que se han sufrido recientemente en la Península, Tenerife, La Gomera o esta misma semana en La Palma. 

Ante la situación creada, Disa ha recordado que es la empresa adjudicataria de la planta de generación de emergencia en el municipio de Telde y que «asume un papel clave ante posibles apagones en la isla, como el producido recientemente en La Palma».

Provisional

«La instalación, de reducidas dimensiones, solo funcionaría cuando se produzca un cero energético y la zona quede a oscuras; por tanto, no tendrá funcionamiento permanente», manifestó la empresa, que subrayó que «los equipos que actualmente se emplean para generar electricidad presentan una antigüedad elevada y el Gobierno de Canarias ha logrado del Ministerio la autorización para atender episodios similares a los sufridos en los últimos años (cinco en los últimos años)». 

Esta planta, sostiene Disa, «solucionaría este tipo de emergencias» y cuenta con informe de evaluación ambiental favorable. Además, se ubicará en zona de polígono industrial, cumpliendo así con toda la normativa técnica y de máxima seguridad del sector.

También resaltó que el funcionamiento a propano supone la alternativa limpia frente a otras fuentes fósiles utilizadas actualmente para la generación eléctrica en las Islas. «Disa reafirma su compromiso con esta situación de emergencia y ofrece total garantía de los equipos a instalar, de la máxima seguridad en las operaciones ante apagones que se puedan producir y está enmarcada dentro de la declaración de emergencia declarada por el Gobierno de Canarias», concluyó.  

El Cabildo de Gran Canaria no ha puesto ningún reparo a la instalación al considerar que es provisional, hasta que se renueven las plantas generadoras de Endesa que han quedado obsoletas, según explicó el consejero de Medio Ambiente y Energía, Raúl García Brink, quien añadió que «solo se pondrá en marcha en caso de apagones y luego se desmantelará».  

La alegación de la Asociación de Vecinos, a la que se unirán otras a título particular de residentes en esos barrios teldenses, discrepa de esos argumentos y solicita la tramitación ordinaria de la Evaluación de Impacto Ambiental. También requiere la publicación del informe que remita la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias referido a este proyecto, «en particular sobre los efectos nocivos derivados de las emisiones de la planta, el ruido generado, y el temor a una explosión por la presencia de grandes cantidades de combustible con la existencia de áreas catalogadas con riesgo de explosión o incendio junto a motores de combustión interna». 

Dadas las circunstancias que concurren, señala Meclasa en su alegación, reclama que «no se admita la Declaración de Utilidad Pública propuesta en esta ubicación, ni a estos efectos el Interés General», pues entiende que «se pretende utilizar el amparo que esta figura otorga y sus poderes extraordinarios para finalidades diferentes de su espíritu, es decir, la arbitraria recalificación urbanística de un suelo para obtener una ventaja mercantil a explotar de forma permanente».

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