Preocupación vecinal en Jinámar por un edificio en "riesgo grave"

Los vecinos de un edificio de protección oficial en Jinámar viven con angustia ante el estado ruinoso de las columnas que sostienen el bloque de 44 viviendas situado en el número 9 de la calle Manuel Alemán. Aunque todos los pilares presentan signos de deterioro, hay tres en una situación especialmente crítica. La comunidad encargó un estudio técnico a un arquitecto, quien concluyó que el inmueble se encuentra en «riesgo grave» de que los daños actuales evolucionen a un nivel aún más peligroso.

El origen del problema, según se detalla en el informe, está en un error de cálculo durante la construcción del edificio, lo que ha llevado a los propietarios a exigir que el Gobierno de Canarias subvencione las obras necesarias para corregir los fallos estructurales que amenazan su seguridad.

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Hace más de veinte años, un incendio dañó las instalaciones del edificio. A raíz de aquel suceso se llevaron a cabo obras para reforzar las columnas, pero, tal como indica el documento, se hicieron sin herraje y con un hormigón de baja calidad. «Este refuerzo, analizando las zonas de rotura, se realizó con un hormigón de muy baja calidad (ausencia de granulometría adecuada, escasa resistencia, etc.), y sin unas armaduras adecuadas para cumplir la función de refuerzo que se pretendía», recoge el arquitecto. Con el paso del tiempo, esa intervención deficiente no resolvió el problema, por lo que el deterioro ha sido progresivo hasta provocar fisuras visibles en las estructuras.

Más edificios afectados

Tras conocerse la situación, vecinos de otros bloques construidos en la misma fase se han puesto en contacto con los residentes del número 9 para pedir orientación, ya que también detectan daños similares en sus edificaciones. «Una vez que termine con este edificio, me pasaré por los otros y les ayudaré a redactar los escritos», asegura Carlos Cano, vecino afectado e impulsor de la denuncia vecinal.

El informe del arquitecto confirma que las columnas del edificio, construido en 1983, no pueden soportar adecuadamente la carga de las plantas superiores, lo que ha generado roturas por compresión. Algunas columnas muestran una deformación típica con una forma de ‘reloj de arena’, con el centro como zona más dañada. El técnico advierte que los problemas estructurales aparecieron cuando el inmueble tenía apenas 20 años, por lo que no se trataría de un proceso de degradación natural, sino de una deficiencia original: «Esto lleva a considerar que el problema se presentó relativamente pronto, y que no se está ante un acelerado proceso de degradación estructural en el tiempo, sino que las causas hay que buscarlas en una situación de origen».

Protestas

El documento ya ha sido entregado al Ayuntamiento de Telde. «El Ayuntamiento, en primer lugar, me dijo que eso no es competencia de ellos y que le pediría a un técnico que cerrara el bloque», lamenta Cano. El vecino insiste en que, al tratarse de un fallo de cálculo durante la construcción, la responsabilidad debe recaer en la entidad promotora original, el Ministerio de la Vivienda. Actualmente, la competencia sobre los edificios construidos por este ministerio recae en el Gobierno de Canarias, pero el procedimiento exige que sea el Ayuntamiento quien solicite formalmente las obras a esta administración. «Solamente tiene que tener voluntad para exigirle al Gobierno que acometa las obras», reclama Cano al alcalde de Telde.

Los vecinos han solicitado una reunión con la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, sin haber recibido aún respuesta. «El lunes, si no nos contestan vamos a ir a la consejería para protestar y pedirle explicaciones de por qué no se ha preocupado ante la situación tan grave del bloque», advierte Cano.

Desde la Consejería, liderada por Pablo Rodríguez, se sostiene que, aunque en su origen el edificio fue de titularidad pública, todas las viviendas son actualmente de propiedad privada, lo que implica que las labores de mantenimiento recaen sobre los vecinos. En cuanto a los errores de construcción, explican que este tipo de responsabilidades «se contemplan, pero en un plazo de diez años, no 40». En este contexto, desde el Gobierno se anima a los vecinos a acogerse a alguna de las ayudas de rehabilitación disponibles, aunque recuerdan que deben ser tramitadas a través de los ayuntamientos. «Por esta razón, defendemos que las viviendas públicas no pasen a manos privadas, sino que sean en régimen de alquiler, porque entonces ocurren problemas como este», añaden fuentes de la consejería. Este periódico ha consultado sin éxito al Consistorio teldende.

El resto de pilares

Según incide Cano, la clave del problema fue un cálculo de peso incorrecto en la obra original: «Cuando se hace una obra, siempre hay que hacer el cálculo de peso un 40% superior y se hizo ajustado, por lo que con el peso del bloque ha estallado la parte inferior». El arquitecto propone una solución técnica viable que no implicaría desalojar el edificio, algo fundamental para los residentes con movilidad reducida o en situación de dependencia. La obra consistiría en reforzar los pilares con un hormigón específico y un herraje adecuado. «Tiene que ser hasta arriba el refuerzo y no hasta la mitad como hicieron en su momento», puntualiza Cano, señalando una de las columnas dañadas.

El informe técnico aclara que todas las columnas están afectadas, aunque tres presentan un deterioro más visible. «El número de pilares afectados de forma más significativa por estos daños es de tres. No obstante ello en otros pilares se manifiestan daños (fisuraciones, que en este momento son de menor entidad) que responden a una casuística similar a las de estos tres pilares más afectados», recoge el documento. Los pilares perimetrales, en cambio, no muestran daños significativos al soportar menor carga.

Los vecinos recuerdan que hace cinco años se realizó una reforma gracias a una subvención, en la que ellos asumieron el 25% del coste y el resto lo cubrieron las administraciones públicas. No obstante, critican que aquella intervención fue meramente estética. «Ni siquiera actuaron en el tema de la luz, que por ejemplo, el incendio fue a consecuencia de un contacto de electricidad, tampoco tocaron los bajantes, que es otro de los riesgos que tiene el bloque», señala Cano.

Una historia de abandono

El Valle de Jinámar fue propiedad del Conde de la Vega Grande hasta la década de los setenta y estuvo destinado a la agricultura, especialmente al cultivo del tomate. La escasez de agua motivó el abandono progresivo de esa actividad, abriendo paso a un nuevo uso residencial. El 2 de noviembre de 1967, la Gerencia de Urbanismo inició el proyecto de delimitación y expropiación del terreno. Aunque las negociaciones con el Instituto Nacional de la Vivienda comenzaron en 1965, la compra no se materializó hasta dos años después, en pleno auge turístico.

La justificación oficial para la adquisición fue un informe que alertaba de la existencia de 7.500 familias en situación de exclusión en Las Palmas de Gran Canaria. También se argumentó el crecimiento urbano de la ciudad y la buena conexión del Valle con el aeropuerto y el puerto. Se proyectaron 11.660 viviendas para acoger a una población de 52.470 personas. Las primeras familias que se asentaron fueron 634 procedentes de Las Palmas de Gran Canaria, 417 de Telde y 65 evacuadas del Sáhara.

Lo que inicialmente fue motivo de celebración pronto se tornó en decepción. Las nuevas viviendas carecían de servicios básicos como electricidad, transporte, centros educativos o incluso agua potable. Hoy, los vecinos ya no tienen que enfrentarse a esas carencias, pero sí al deterioro progresivo de sus edificios en un barrio de clase trabajadora que carece de recursos para afrontar por sí solo reformas estructurales de tal envergadura. 

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