La tormenta Emilia agrava el mal estado del centro de atención a la discapacidad de Las Longueras, en Telde

La presidenta del colectivo de padres y madres de usuarios del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADI) de San José de Las Longueras, en Telde, Elena Santana, continúa denunciado la grave situación que atraviesan varios centros de atención a personas con discapacidad en Gran Canaria, tras las inundaciones de diferentes estancias registradas el pasado sábado en dichas instalaciones después del paso de la borrasca Emilia, que agudizó las deficiencias del centro.

Según relata Santana, el centro sufrió una importante entrada masiva de agua, que llegó a filtrarse por el techo y a descender por zonas donde se encuentran enchufes eléctricos en los dormitorios, poniendo en serio riesgo a los usuarios y al personal. «Los usuarios estaban descalzos, con el agua cayendo sobre los enchufes. El miedo fue tal que llamamos incluso a la Policía», explicó. Según la presidenta, no se trata de un hecho aislado y señala que dos semanas antes, durante otra borrasca, ya se produjeron filtraciones similares, situación que fue comunicada al inspector correspondiente mediante llamadas y vídeos. «Nos dijeron que se iba a arreglar, pero dos semanas después volvió a ocurrir con la borrasca Emilia», lamentó.

Santana denuncia además que el problema es «estructural y crónico», ya que el centro, con más de 30 años de antigüedad, presenta humedades constantes o ventanas en mal estado que no cierran correctamente. «El personal dice que el centro siempre está mojado y que ya lo ven como algo normal», señaló. A estas deficiencias se suman otros problemas graves como la falta de mantas adecuadas, una alimentación deficiente y excesivamente procesada, la escasez de personal, y un elevado número de accidentes entre los usuarios, algunos con heridas, moretones y quemaduras, según documentación facilitada por las familias. La situación afecta también a otros centros, como el CADI Reina Sofía, donde también su presidenta, Elena García, denuncia otra larga serie de desperfectos. Pese a reconocer la implicación y el esfuerzo del personal que trabaja en los centros, las familias denuncian una «dejadez absoluta» por parte de la administración responsable.

Ante estas afirmaciones, Isabel Mena, consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, institución responsable de los CADI de la isla, insiste en que la situación está siendo atendida por los técnicos competentes. Desde la institución insular se reconoce que los CADI son edificios antiguos, «lo que implica la necesidad de un mantenimiento constante», pero Mena rechaza la idea de una falta de inversión o abandono.

La consejera subraya que el nuevo contrato de gestión asciende a 17.994.000 euros anuales, frente a los 13.750.000 euros del contrato anterior, lo que supone un incremento del 31%. A este aumento se suma la actualización del contrato de mantenimiento, que pasa de 112.814 euros anuales a 673.203 euros al año, «lo que representa un incremento del 497%», destinado a garantizar un mejor estado de las instalaciones y un servicio más eficiente. Mena, que recuerda que desde 2024 se han invertido 1.549.657 euros en obras y mobiliario para la mejora de los Cadi, asegura que «ningún centro sociosanitario de Canarias tiene tantas personas como los CADI de Gran Canaria».