Dos décadas del 'caso Faycán', el escándalo que sacudió Telde: de una denuncia empresarial a 21 condenas, siete absueltos y un suicidio

En Telde hay palabras que no necesitan explicación. Faycán es una de ellas. Basta pronunciarla para que regresen imágenes, conversaciones en voz baja y una época en la que la política municipal dejó de ser rutina para convertirse en sobresalto. Han pasado veinte años desde las primeras detenciones, llevadas a cabo tras la denuncia de una empresaria que destapó en el Ayuntamiento de Telde una trama de, en aquel entonces, presuntas comisiones ilegales. Aquella investigación acabaría marcando la vida política del municipio durante más de una década. Faycán dejó de ser en el año 2006 una referencia histórica aborigen para convertirse en el nombre de una operación policial que se saldó con 21 condenados, siete absueltos y un suicidio años más tarde.

Todo comenzó en 2005, con una conversación incómoda y una decisión que cambió el rumbo de la política teldense. Una empresaria del municipio acababa de presentar un presupuesto para optar a la adjudicación de un proyecto municipal cuando recibió un mensaje que no figuraba en ningún pliego de condiciones. Según denunció después ante la policía, la propuesta técnica no era suficiente, sino que para asegurarse los trabajos había que pagar. La exigencia era clara: un 20% del importe del contrato a cambio de que la adjudicación saliera adelante. Quien trasladó esa petición fue Francisco Gordillo Suárez, funcionario y asesor de la entonces concejala de Obras Públicas, Toñi Torres. Aquella solicitud -que la empresaria decidió no aceptar y denunciar- fue la chispa que encendió una investigación que acabaría sacudiendo los cimientos del Ayuntamiento.

Fue en ese momento cuando el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Telde, Javier García, ordenó la intervención de los teléfonos móviles de varias personas clave: la concejala Toñi Torres, su esposo, Enrique Orts, y su asesor Francisco Gordillo Suárez. Durante aproximadamente siete meses, los pinchazos permitieron escuchar conversaciones y recopilar pruebas que confirmaban lo que hasta entonces solo se sospechaba: la concejala y su círculo de confianza llevaban a cabo mordidas y cobros ilegales por adjudicaciones de obras públicas, en donde figuraba el cobro de 20.000 euros extra por la adjudicación de unos trabajos de 160.000 euros y el 8% de todas las obras adjudicadas a la empresa Cobra, además de otras operaciones similares.

Comienzan las detenciones

Con la manta lista para tirar de ella el 1 de marzo de 2006, a las 7:37 de la mañana, se produjeron las dos primeras detenciones que marcarían el inicio del escándalo: Toñi Torres, la cabecilla de la trama y su esposo, Enrique Orts, en su domicilio de la calle Galicia, en Mesa y López. La operación comenzó con una inspección de cinco horas en la vivienda antes de trasladar a Toñi a Telde, donde se llevó a cabo otra revisión en su despacho que se prolongó hasta la madrugada del día siguiente.

Ese mismo día la operación policial no se limitó al domicilio de Toñi Torres. También fueron detenidas cuatro personas más vinculadas a la trama. Entre ellos estaba Antonio Nadal, director en Canarias de las constructoras Cobra y Moncobra, acusado de cohecho y delitos contra el mercado; Felipe Ojeda, administrador de la ferretería Felipe, y Nicolás Ojeda, imputado por cohecho, delitos contra el mercado, malversación, falsedad y fraude. También fueron arrestados Francisco Gordillo, asesor de Toñi Torres, por prevaricación, cohecho, delitos contra el mercado, falsedad, malversación y fraude, y su hijo, Juan Francisco Gordillo, comercial de Cobra, por cohecho y delitos contra el mercado.

Ingreso en prisión

Fue el 3 de marzo cuando el juez Javier García, a petición del fiscal Anticorrupción Luis del Río, decretó el ingreso en prisión tanto de la edil Toñi Torres como de su interventor. Pocos días después, ambos salieron en libertad con cargos, al igual que el propietario de la ferretería implicado y el hijo de Gordillo.

El 8 de marzo se produjeron nuevas detenciones. Fueron arrestados los empresarios Alejandro Navarro, máximo responsable de la constructora Mazotti, y Pedro Antonio Betancor, director general de Cementos Las Torres, acusados de pago de comisiones y tráfico de influencias. Junto a ellos también fueron detenidos los técnicos municipales Milagrosa Ramos y Jorge Rodríguez, si bien este último quedó en libertad con fianza y cargos ese mismo día.

El 21 de marzo la investigación volvió a estrechar el cerco. La Policía detuvo a los empresarios Abelardo Martínez, delegado de Dragados, y Ángel Omar Suárez, junto a los funcionarios Juan Felipe Martín y Esteban Cabrera. Todos quedaron posteriormente en libertad con cargos. Días después fue arrestado el gerente de Urvitel, Juan Carlos Saavedra, que también quedó en libertad con cargos y el 25 de abril, un mes después de aquella cadena de detenciones, fue arrestada la concejala de Aguas y Agricultura, Candelaria Sánchez. También declaró en septiembre funcionarios de la concejalía de Festejos que lideraba Guadalupe López, que fue detenida junto a su marido.

El juicio por el Caso Faycán no comenzó hasta 2018. Para entonces habían pasado más de diez años desde las primeras detenciones, pero en Telde la política seguía ardiendo. En medio de esa larga espera judicial se produjo uno de los episodios más trágicos vinculados a la causa. El 25 de marzo de 2010 la principal acusada, Toñi Torres, falleció tras precipitarse desde su vivienda, situada en un sexto piso de la calle Galicia, en Mesa y López.

El 15 de enero de 2018 comenzó por fin el juicio del Caso Faycán y los primeros 20 acusados se sentaron en el banquillo. Ninguno ingresó en prisión: las penas, rebajadas por el fiscal tras alcanzar acuerdos de conformidad, no superaban los dos años de cárcel, y todos aceptaron la propuesta. Sin embargo, no todos optaron por ese camino. Ocho encausados rechazaron el acuerdo y decidieron continuar el proceso judicial. Entre ellos se encontraban los exalcaldes Francisco Valido y María del Carmen Castellano; los funcionarios José Luis Mena, Emilio Hernández, Esteban Cabrera, Juan Felipe Martín Ramos y Agustín León -padre de la exconcejala Raquel León-; así como Domingo Juan Campos, vinculado a Gráficas Atlanta.

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