Telde
Telde mantiene en el aire el nombramiento de 33 policías locales por una revisión judicial
El Ayuntamiento espera el visto bueno del juzgado tras revisar una prueba de la oposición, mientras NC acusa al Gobierno local de "falta de gestión"

El Ayuntamiento de Telde. / LP/DLP

El proceso para incorporar de forma definitiva a los 33 agentes en prácticas de la Policía Local de Telde sigue pendiente de una última decisión judicial. El Ayuntamiento ha informado de que espera el pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria para poder culminar el expediente, después de que una sentencia obligara a revisar parte de una de las pruebas del procedimiento selectivo.
La resolución no anuló la oposición completa, sino que estimó parcialmente el recurso presentado por un aspirante al apreciar un error en la valoración de un supuesto práctico. Según el Consistorio, el tribunal calificador aplicó de forma incorrecta un criterio jurídico vinculado al Código Penal, lo que afectó a la puntuación otorgada en ese ejercicio.
A raíz de esa sentencia, el juzgado ordenó retrotraer el procedimiento y revisar la calificación del ejercicio afectado para todos los aspirantes. El objetivo, según la resolución, era garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el proceso selectivo.
El área de Recursos Humanos, dirigida por Carmen Batista, trasladó la sentencia al tribunal calificador, que procedió a realizar una nueva valoración. Una vez completado ese trámite, el expediente fue remitido de nuevo al juzgado para que compruebe si la ejecución de la sentencia se ha realizado correctamente.
El Ayuntamiento insiste en que este paso es clave. Hasta que no exista una validación judicial definitiva, sostiene el Gobierno local, no se puede avanzar hacia la propuesta de nombramiento de los 33 agentes como funcionarios de carrera.
Desde el Consistorio defienden que la demora responde únicamente a la necesidad de preservar la seguridad jurídica del procedimiento y cumplir de manera estricta las resoluciones judiciales. El alcalde, Juan Antonio Peña, y la responsable de Recursos Humanos han trasladado la situación tanto a los agentes afectados como a los representantes sindicales que han solicitado información sobre el expediente.
El grupo de gobierno recuerda, además, que esta convocatoria formaba parte de un proceso que permaneció paralizado durante años y que fue reactivado durante el actual mandato con el objetivo de reforzar la plantilla de la Policía Local.
Nueva Canarias acusa al Gobierno de «falta de gestión»
La explicación del Ayuntamiento llegó después de que Nueva Canarias reclamara al Gobierno local que deje de «bloquear» la incorporación definitiva de los agentes. La formación nacionalista mostró su apoyo a los 33 policías en prácticas y reprochó al Ejecutivo municipal que, tras haber completado el periodo correspondiente y cumplir las horas reglamentarias, sigan sin ser nombrados funcionarios de pleno derecho.
NC sostiene que estas plazas son fruto del trabajo realizado durante el mandato anterior y del esfuerzo de distintos departamentos municipales para evitar que se perdieran. El partido acusa al actual alcalde de intentar apropiarse de esa labor con un acto de bienvenida que, a su juicio, respondió más a una estrategia de promoción personal que a una gestión real del expediente.
La formación opositora vincula la situación a lo que considera una falta de dirección política en el área de Recursos Humanos durante el actual mandato. Aunque reconoce el trabajo técnico de la Dirección General de Recursos Humanos, afirma que existe una ausencia de respaldo político que estaría provocando un bloqueo injustificado.
Nueva Canarias también desliza que la demora podría responder a intereses de puesta en escena por parte del Gobierno local. En ese sentido, reclama al alcalde que asuma sus responsabilidades y resuelva cuanto antes una situación que afecta tanto a los agentes como al servicio de seguridad ciudadana del municipio.
El Ayuntamiento, por su parte, mantiene que finalizará el proceso en cuanto el juzgado valide la ejecución de la sentencia, con el objetivo de completar la incorporación de los nuevos policías y reforzar la plantilla municipal.
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