El Cabildo de Gran Canaria, la Cámara de Comercio, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, el Centro de Iniciativas Turística, el Skal Club y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana han decidido hacer un frente común en contra del Proyecto de Ley de Renovación y Cualificación Turística, que ha elaborado el Gobierno de Canarias, al considerar que supone una "moratoria permanente" para el desarrollo turístico de Gran Canaria y además, expulsa del mercado a la mayoría de los complejos de apartamentos de San Agustín y Playa del Inglés. La nueva Ley turística, que pretende aprobar a toda prisa el Ejecutivo de Paulino Rivero, exige que para que un complejo de apartamentos se explote a nivel turístico es necesario que el 75% de las unidades se dediquen a esta actividad, mientras que ahora basta con el 50% más uno. Melchor Camón, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, aseguró ayer que esta exigencia supone que "San Agustín y Playa del Inglés se queden fuera del negocio turístico".

El consejero de Turismo, que participó ayer junto a la consejera de Política Territorial, Ana Kurson, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, en un encuentro con los empresarios del sector turístico en el que se abordaron las alegaciones a este proyecto de Ley Turística, añadió que "si la pretensión de la nueva normativa es acabar con las camas ilegales y el uso residencial lo que va a conseguir es lo contrario puesto que con los nuevos criterios de explotación se van a poner más plazas fuera de la actividad turística en el Sur".

Un requisito escondido

A este respecto, el presidente de la Asociación de Alojamientos Turísticos, Tom Smulders, desveló que incluso el Gobierno canario ha intentado "escabullir" este requisito dentro del documento poniendo la explicación sobre las unidades alojativas con letras, a sabiendas de que si especificaba con números que será obligado el 75% de la oferta para explotar los apartamentos no iba a pasar tan desapercibido. Smulders apuntó que en Gran Canaria hay en este momento unas 71.965 plazas alojativas de apartamentos frente a las 57.870 hoteleras, y de la oferta de apartamentos la mayor parte se localizan en Playa del Inglés. En este sentido, comentó que este tipo de alojamientos tiene mucha demanda por parte de los turistas, sobre todo holandeses e irlandeses, que vienen al Sur a pasar de uno a dos meses de invierno.

Además, el consejero de Turismo consideró que se trata de "una Ley que beneficia a Tenerife" porque tiene menos plazas de apartamentos, cuenta con unas 80.000 camas nuevas y no se enfrenta a un plan de renovación como Gran Canaria. También el presidente del Cabildo grancanario, José Miguel Bravo de Laguna, que calificó la norma como "una moratoria permanente" advirtió que la nueva regulación que quiere aplicar el Gobierno canario "perjudica a Gran Canaria porque en este momento tiene en marcha un plan de renovación turística y además, limita la nueva oferta a sólo hoteles de gran lujo". Bravo de Laguna advirtió que incluso el Cabildo pierde competencias en materia urbanística puesto que el Gobierno establece que será una comisión la que conceda la licencia previa. Asimismo, dijo que esto es un "varapalo" para el Plan de Ordenación Turística de Gran Canaria (Pteoti), ya aprobado, porque deja en manos del Gobierno canario todas las actuaciones. Por ello, explicó que en las alegaciones a este proyecto de Ley turística el Cabildo ha planteado que no se aplique una norma de carácter general para todas las islas sino que se reconozca la realidad de cada territorio.

Villas de Meloneras

También el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, coincidió ayer en que es fundamental que se tenga en cuenta la situación territorial de cada isla. Pérez, que ha remitido las alegaciones al citado Proyecto de ley a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), apuntó que deben establecer una regulación de las villas distinta por islas porque si se aplica el texto actual San Agustín y Meloneras dejan fuera de ordenación este tipo de establecimientos porque no cumplen con los 500 metros de distancia de la costa. El alcalde de San Bartolomé añadió que además esto puede truncar proyectos de renovación de complejos de San Agustín.

Asimismo, Marco Aurelio Pérez desveló que otra de las cuestiones que ha alegado en contra de la normativa San Bartolomé de Tirajana se refiere a la obligatoriedad de que todas las urbanizaciones turísticas estén recepcionadas por los ayuntamientos respectivos, cuestión que recalcó "es imposible" de cumplir.

"El Gobierno ha dicho que sacaba una Ley para legislar en materia turística y al final, está legislando sólo sobre el territorio" advirtió el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Fernando Fraile, tras la reunión celebrada en la Casa Palacio. Fraile tildó, al igual que Bravo de Laguna, de "moratoria permanente" la futura Ley de Turismo en tanto que la última tenía una temporalidad de tres años y la que quiere aprobar el Ejecutivo autónomo va a tener continuidad.

El presidente de los empresarios turísticos reconoció que si bien la oferta extrahotelera de Gran Canaria está "bien tratada" en lo que respecta a la renovación, hay artículos como el de las unidades de explotación que dejarían como ilegales a la mayor parte de los apartamentos del Sur de Gran Canaria.

"Es un documento intervencionista y si yo fuera parlamentario plantearía una enmienda a la totalidad" remarcó Fraile. Además, criticó duramente que el Gobierno canario vaya a obligar a los empresarios que construyen nuevos establecimientos turísticos a que la plantilla esté formada por un 70% por trabajadores que hayan sido seleccionados por el Servicio Canario de Empleo y por un periodo de seis años. "Esto no sucede ni en Cuba con Fidel Castro", concluyó el directivo de la patronal.