Los empresarios extrahoteleros están preocupados por las consecuencias de la Ley de Renovación y Modernización Turística si el Gobierno canario no cambia la redacción de algunos de sus artículos durante el trámite parlamentario. El presidente de la Asociación de Empresarios Extrahoteleros, Tom Smulders, ve cierto "desprecio" al sector, que en la actualidad cuenta con 75.000 camas en Gran Canaria, de las cuales unas 12.000 plazas se encuentran en serio peligro como consecuencia directa de la nueva norma.
Smulders ha remitido un escrito a los tres niveles de las Administraciones públicas canarias -Comunidad Autónoma, Cabildo y Ayuntamiento- para que no se olviden del sector, que se encuentra en una situación de "discriminación" y poco valorado por los responsables públicos. Smulders considera que hay que poner en valor al sector extrahotelero ya que ofrece un servicio diferente al de la Península.
El representante de los extrahoteleros considera "preocupante" que en la ley se incentive a hoteles cuando suban de categoría y, sin embargo, se elimine cualquier tipo de incentivo cuando se pasa de cama hotelera a extrahotelera. "Podemos ofrecer al menos la misma calidad que un hotel, esto es un desprecio al sector porque se impide, por ejemplo, que un hotel de tres estrellas se pueda convertir en un complejo extrahotelero de calidad", critica.
Tampoco gusta en los empresarios de apartamentos y bungalows la ambigüedad que supone la redacción de la ley que hace referencia a la unidad de explotación. Smulders advierte que si no se cambia la redacción puede dar lugar a interpretaciones equívocas y resoluciones judiciales distintas en cada caso. "No es lo mismo que se eleve la unidad de explotación del 50% actual al 75% del complejo que bajarla del 100% al 75%", expresa el dirigente empresarial ya que incluso el propio viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, expresó la doble lectura que se puede hacer de este artículo de la ley.
Inclinación
Tom Smulders ratifica la opinión de la patronal turística de Las Palmas, que considera que la Ley de Renovación Turística "favorece a una isla", por lo que expresó su esperanza de que algunas de las alegaciones presentadas se lleven al Parlamento por los grupos políticos para modificar algunos de sus preceptos.
Por su parte, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, se mostró prudente ante el alcance real de la ley a la espera de conocer si el Ejecutivo regional ha recogido las alegaciones de los empresarios, Cámara de Comercio y Cabildo de Gran Canaria. El pasado jueves el viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, aseguró a los representantes del sector que el Ejecutivo ha recogido una parte del sentir reflejadas en las alegaciones.
Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, se remite a las alegaciones presentadas por la Corporación Insular y las declaraciones del consejero de Turismo, Melchor Camón. No obstante, en los próximos días el Cabildo volverá a pronunciarse una vez que analice con detenimiento el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno.
