El presidente canario, Paulino Rivero, ha advertido este domingo 2 de marzode que la renovación y modernización del sector turístico canario "no tiene marcha atrás" y ha asegurado que se adoptarán todas las medidas que sean necesarias para evitar que se produzca una situación de inseguridad jurídica.

Paulino Rivero muestra hoy en su "blog" su convencimiento de que la Ley de Renovación y Modernización Turística no vulnera los preceptos de la Directiva europea de Liberalización de Servicios, tal y como aduce el Estado, que ha recurrido la normativa canaria.

Por el contrario, Rivero afirma que se trata de una norma fundamental "para las generaciones actuales y futuras, para la creación de empleo y para la competitividad de nuestra economía" y especialmente, para garantizar un proceso renovador "que tan buenos resultados está dando en el desarrollo económico del Archipiélago".

Señala como ejemplo del interés por modernizar la planta alojativa que hace pocos días fue preguntado por este asunto por parte de una madre "tremendamente preocupada porque varios miembros de su familia, que han trabajado siempre en la construcción, no terminan de recuperar sus oportunidades en el mercado laboral".

"Hay decenas de miles de personas que se encuentran en la misma situación y que, sin conocer en profundidad los entresijos políticos, administrativos o jurídicos de la ley aprobada por el Parlamento de Canarias, esperan que el sector de la construcción empiece a moverse", añade Rivero.

Ése fue uno de los objetivos del Gobierno de Canarias al promover la Ley de Renovación y Modernización Turística, que en mayo cumplirá un año, y actualmente hay firmados 222 convenios para proyectos de rehabilitación.

Además hay en marcha 19 planes de mejora y modernización turística, aprobados o en distintas fases de elaboración y el Gobierno de Canarias ha conseguido que las entidades financieras españolas abran líneas de crédito específicas por más de 1.800 millones de euros.

"No hay marcha atrás porque la recuperación económica de las islas no tiene marcha atrás. Seguiremos avanzando a pesar del recurso presentado por el Gobierno del Estado en contra de la ley", insiste Rivero, quien indica que el Gobierno de Canarias hará todo lo posible para dar continuidad a esta política.

Sólo en mayo, cuando se cumpla un año de vigencia de la norma, se evaluarán los resultados y se podrán estudiar eventuales modificaciones, detalla el presidente autonómico.