Adiós a tirar comida a la basura: esta es la ley que prohíbe a las empresas el desperdicio alimentario
El Gobierno aprobó una nueva normativa que pretende combatir esta problemática que afecta especialmente a las familias con menos recursos y en situación de pobreza. Los restaurantes, bares, supermercados o empresas productoras son los principales causantes del desperdicio

Agencia Atlas
Todos hemos tirado comida a la basura porque ya ha vencido la fecha de caducidad o ha llegado el día de consumo preferente que pone en la etiqueta. Este problema es mayor si vemos lo que hacen los restaurantes o los supermercados con los productos que sobran. Para evitar que los alimentos acaben en el contenedor, el Gobierno aprobó en marzo una ley contra el desperdicio alimentario que ya ha entrado en vigor y funciona así.
Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en España se desperdician 75 kilos de comida por persona al año. Esto quiere decir que carnes, frutas, hortalizas, lácteos y otros alimentos acaban en la basura sin haber sido consumidos.
El Gobierno frena el desperdicio con una nueva ley
Para evitar que desde las grandes cadenas a los pequeños bares tiren comida a la basura, el Congreso aprobó el 20 de marzo la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que ya ha entrado en vigor. La normativa tiene el objetivo de reducir un 50 % el desperdicio en hogares y comercios y un 20 % en la cadena de suministro, alineándose con los compromisos de sostenibilidad de la Agenda 2030.
La ley afecta a toda la cadena alimentaria, desde los productores hasta los supermercados, pasando por restaurantes, consumidores y administraciones. Aunque muchas medidas ya las hacían algunas organizaciones y compañías de forma voluntaria, a partir de ahora serán obligatorias.
¿Qué medidas incluye la ley?
La nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario busca transformar por completo la forma en que se produce, distribuye, consume y gestiona la comida en España. Lejos de limitarse a recomendaciones, la normativa impone obligaciones concretas a todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde los grandes distribuidores hasta los restaurantes y consumidores:
- Empresas alimentarias: Deberán contar con planes de prevención y donar sus excedentes a bancos de alimentos u ONG. Si no son aptos para consumo humano, se priorizará su uso como alimento animal, compost o biogás. Las empresas con menos de 1.300 m² estarán exentas.
- Supermercados y tiendas: Tendrán que ofrecer productos con fecha próxima de caducidad con descuento y fomentar la venta de productos con alguna deficiencia a la vista pero comestibles, como frutas o verduras de forma irregular.
- Hostelería: Los restaurantes estarán obligados a ofrecer envases para llevarse la comida sobrante. Si estos son de plástico de un solo uso, podrán cobrarlos. También deberán ofrecer raciones más pequeñas y permitir elegir la guarnición para evitar el el sobrante.
- Administraciones públicas: Deberán elaborar campañas de concienciación, coordinar la aplicación de la ley y promover guías de buenas prácticas para mejorar la gestión alimentaria. El Ministerio de Agricultura elaborará cada año un informe con los avances del Plan Nacional de Control del Desperdicio.
- Consumidores: Se beneficiarán de productos más baratos por estar cerca de su caducidad o tener aspecto 'no estético', y podrán ahorrar en restaurantes con raciones adaptadas y comida para llevar. Además, recibirán más información sobre cómo planificar menús, conservar alimentos y distinguir entre 'fecha de caducidad' (no debe consumirse) y 'consumo preferente' (puede consumirse con menor calidad).
La nueva ley busca avanzar hacia un modelo de alimentación sostenible, eficiente y justo, donde se premie el aprovechamiento y se penalice el despilfarro. Su objetivo no es solo reducir el volumen de alimentos que se tiran, sino también fomentar una cultura en la que no se tire comida.
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