Un sistema sanitario desmantelado por los recortes, una atención primaria colapsada, mayores, enfermos crónicos e inmigrantes desatendidos, unas administraciones opacas... Las carencias de la gestión de la pandemia llevan a Amnistía Internacional a concluir que España ha vulnerado el derecho a la salud física y mental.

    La organización de derechos humanos denuncia la nefasta gestión de la atención primaria durante la pandemia en el informe "La otra pandemia" tras analizar los casos de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, si bien está convencida de que la situación se está replicando en otros territorios. "El sistema de atención primaria en España ha sufrido dos pandemias. La primera, la de la COVID-19. La segunda, la gestión llevada a cabo por las autoridades centrales y autonómicas, que ha adolecido de falta de planificación, inversión y transparencia para afrontar la primera", zanja.

    Retrasos en los diagnósticos y listas de espera

    Amnistía Internacional admite que es prematuro evaluar el impacto de la gestión de la pandemia en indicadores de salud de otras patologías, pero algunos informes dan algunas señales del "deterioro" de la atención, por lo que urge que un órgano independiente lo evalúe.

    Se hace eco así de la sobremortalidad reflejada en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), que eleva a 81.608 las muertes no esperadas entre marzo de 2020 y febrero de 2021, cuando la cifra oficial de fallecidos por coronavirus del Ministerio de Sanidad ronda los 68.000. "Estamos viendo enfermedades que no hemos diagnosticado antes. Gente que tenía dolores y ahora tiene metástasis. Lo he visto hace poco con el caso de una señora con cáncer de estómago y un señor con cáncer de colon. Estamos llegando tarde", afirma María Luz, enfermera de Caldes de Montbui, en Cataluña, uno de los numerosos testimonios que adjunta el informe.

    No es el único dato que da la organización para ilustrar la debacle en el acceso a la salud desde que estallara esta crisis sanitaria: en Cataluña se cerraron 39 centros y 362 consultorios locales, en Madrid 21 (7 solo en horario de tarde) y 87, respectivamente. Castilla-La Mancha afirma no haber clausurado oficialmente ninguno, aunque la ONG dice haber ha recibido información sobre el cierre de al menos dos consultorios locales y que el SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) ha admitido haber reorganizado recursos.

    El alto número de contagios en los profesionales sanitarios, la falta de refuerzos adecuados para cubrir sus bajas y el elevado porcentaje de profesionales con más de 60 años (el 27,5% de la plantilla) que no pudo atender a pacientes por ser personas de riesgo mermaron las plantillas de los centros de salud. Las listas de espera no han permanecido ajenas a esta situación, y si en Cataluña el 62% de los pacientes tuvieron que esperar entre cinco y diez días para ser atendidas, en Castilla-La Mancha ha pasado de entre 1 y 3 días en 2019 a entre 3 y 6 en 2020. Madrid no ha facilitado datos.

    Mayores, crónicos, enfermos mentales, mujeres e inmigrantes

    Una gestión que ha levantado importantes barreras en el acceso a la asistencia sanitaria, especialmente de aquellos que más dependen del sistema, en primer lugar de los mayores, que suponen la mayoría de las visitas a atención primaria, pero que han tenido más obstáculos para adaptarse al modelo telefónico o el sistema de citas por Internet.

    También los pacientes crónicos, que representan el 80% de las consultas en centros de salud y el 60% de los ingresos hospitalarios; a siete de cada diez se les cancelaron diversas consultas que tenían programadas antes pero solo el 25,3% las recuperaron tras el confinamiento. Y las personas con enfermedades de salud mental: el 65% de la población española manifestó síntomas de ansiedad y cuadros depresivos durante el confinamiento, pero la OMS ha alertado de que la pandemia ha perturbado o paralizado este tipo de servicios en el 93% de los países del mundo.

    Pero también a los inmigrantes en situación administrativa irregular y a las mujeres, que representan el 75% de las personas cuidadoras en el ámbito doméstico y que han sufrido el impacto de la sobrecarga de cuidados ante la saturación de la atención primaria. Una saturación que, alerta la ONG, podría además haberle impedido identificar a una parte de las víctimas de violencia de género pese a que entre enero y abril de 2020, las llamadas al 016 aumentaron más de un 1.000%, y las consultas online se dispararon un 67,3%.

    El impacto en el personal sanitario

    En el inicio, el personal sanitario trabajó sin equipos de protección individual (EPI) suficientes, lo que colocó en abril a España como el país europeo con más infecciones en este ámbito. Más de 123.603 profesionales de la salud se han contagiado de coronavirus y 89 han fallecido a día de hoy.

    A ello se suma la sobrecarga asistencial soportada por estos profesionales, que en algunos centros han acumulado hasta cien pacientes al día, así como los preocupantes datos de frustración y estrés en el sector: según una encuesta realizada por la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME) a 1.025 enfermeras, más del 90% tenían ansiedad y angustia y más del 85%, estrés. No solo asistencial, ya que la pandemia ha disparado el trabajo de burocracia -la gestión de bajas laborales y de certificados para trabajadores especialmente sensibles, entre otras cuestiones-, que abarca gran parte de la jornada laboral de algunos profesionales de la salud.

    En mitad de este colapso, los sanitarios han sufrido un incremento del 32% de las agresiones verbales y, en algunos casos, físicas: de acuerdo con el Ministerio del Interior, entre enero y noviembre se produjeron 962. Aunque no existen datos por niveles asistenciales ni por tipo de profesional, algunas organizaciones del sector afirman que los más afectados son los de atención primaria y los que trabajan en las urgencias de los hospitales.

    Ante esta situación, la ONG, que reconoce que ninguno "podía estar preparado para una pandemia de tal magnitud", lo cierto es que España afrontó la crisis con un sistema de salud "muy debilitado" por las políticas de austeridad de años anteriores y agravado por la falta de refuerzos humanos y materiales, que lo han sumido en una situación "entre el abandono y el desmantelamiento". Y, con ello, "España ha vulnerado el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", remata.