El Gobierno ha pedido hoy oficialmente a las comunidades autónomas que informen de cuántos menores tienen ahora mismo acogidos y advierte de que las leyes hay que cumplirlas. Se refieren sobre todo a las comunidades gobernadas por el PP, que rechazan los criterios que han acordado el Gobierno y Junts para distribuir a los menores.

Pero los reproches al acuerdo le llegan también al Ejecutivo desde sus propios presidentes autonómicos. Emiliano García-Page no entiende que este real decreto, que afecta directamente a las comunidades, se haya hecho sin contar con ellas y sí negociando con Carles Puigdemont.

También hay rechazo frontal de Vox, que ha llevado la polémica a la sesión de control.

El presidente de Canarias, que gobierna en coalición con el PP, critica que algunas comunidades rechacen el acuerdo que aliviaría la saturación que sufren.

Las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para aportar sus datos sobre los menores, y después se convocará una conferencia sectorial de inmigración, donde cada comunidad sabrá cuántos menores le corresponden.