El Gobierno, con mayoría absoluta en el Parlamento, vuelve a usar la crisis como coartada, en este caso para recortar las pensiones.
Una reforma que se aplicará ya desde el año que viene y que hasta 2022 prevé pagar 33.000 millones de euros menos en el capítulo de pensiones. Una reforma que no garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, cuyas prestaciones ya no se revalorizarán conforme a la evolución de los precios.
