El sindicato USO proyecta reclamar al menos 8 años de cárcel a Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas por fraudes cometidos en la gestión de la empresa Seguridad Integral Canaria, que sostiene dejó de abonar 20 millones de euros entre dinero que ocultó a Seguridad Social y Hacienda.

Un dinero que Seguridad Integral Canaria evitó pagar camuflando gastos por los que estaba obligada a cotizar, bien al no declararlos o al hacerlo falseando la realidad, presentando, por ejemplo, horas extras como dietas o kilometrajes no sujetos a retenciones, y cuya cuantía total ha ido aumentando hasta llegar a esos 20 millones según se ha ido investigando a la empresa, afirma el sindicato.

Personado como acusación particular en un caso que tramita el Juzgado de Instrucción número 8 para determinar la responsabilidad penal que, de considerarse probados los hechos, podrían tener que afrontar Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas, USO ha dado a conocer sus estimaciones este miércoles coincidiendo con una citación de ambos para declarar en el marco de ese proceso.