Desde que se conoció la sentencia, la Plataforma ha asegurado en varias ocasiones que los que van a pagar por la decisión del Tribunal van a ser los ciudadanos. Unos daños que la Fiscalía evaluaba en más de 4.000 millones de euros. La asociación ecologista está pendiente de decidir si recurre la sentencia de la Audiencia ante el Tribunal Supremo. Pero una mayoría de la plataforma se ha mostrado proclive a no hacerlo, porque consideran que el margen judicial es muy estrecho, y que prácticamente la vía judicial está ya cerrada.