Cerco a los clientes de las prostitutas es lo que pretende el Gobierno. La fórmula: multas de entre 600 y 30 mil euros en algunas zonas como en carreteras o cerca de colegios o centros donde pueda haber menores. Esa es la intención, pero detrás hay muchas contradicciones. Mientras se hacen campañas y cada ayuntamiento multa a su manera, se sigue permitiendo la publicidad y hasta marketing sin complejos.