Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal confirma que los propietarios deben pagar las obras de la fachada aunque no estén de acuerdo

El reparto de gastos en las comunidades de vecinos vuelve a estar en el centro del debate. En muchas ocasiones, el presupuesto para acometer obras de reforma es elevado y, en la mayoría de los casos, los propietarios pueden no estar de acuerdo con el gasto.

No obstante, la normativa establece que las obras necesarias en elementos comunes, como la fachada, deben ser asumidas por todos los propietarios, siempre que hayan sido aprobadas conforme a lo establecido legalmente, sin que la oposición individual exima del pago.

¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre estos casos?

La normativa establece que todos los propietarios están obligados a contribuir a los gastos necesarios para el adecuado mantenimiento del inmueble y de sus elementos comunes. Esto incluye actuaciones como las obras en la fachada, que se consideran necesarias para la conservación del edificio.

En estos casos, el hecho de que un propietario no esté de acuerdo con la obra no le exime de su obligación de pago, siempre que la actuación haya sido aprobada conforme a las mayorías exigidas por la normativa. Es decir, la decisión adoptada en junta de propietarios vincula a todos los miembros de la comunidad, independientemente de su voto.

El artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal regula las obras de conservación, mantenimiento y accesibilidad obligatorias en los edificios. En definitiva, establece que existen determinados trabajos que no dependen de la aprobación de la junta de propietarios, porque son obligatorios por ley. Es decir, aunque no haya acuerdo o incluso exista oposición, deben ejecutarse igualmente.

¿Se puede negar a pagar un propietario?

Por regla general, no. Si la obra afecta a elementos comunes del edificio y ha sido aprobada conforme a lo establecido por la ley, todos los propietarios están obligados a contribuir al pago, independientemente de que hayan votado a favor o en contra en la junta. En caso de negarse a abonar las tasas, el propietario podría enfrentarse a un escenario legal complicado, atentando contra su patrimonio de forma directa.

La única forma de evitar el pago sería que la obra no cumpliera con los requisitos legales o que se demostrara que el acuerdo adoptado es nulo o impugnable por vulnerar la normativa o los estatutos de la comunidad.

La Ley de Propiedad Horizontal deja poco margen a la interpretación en este tipo de situaciones: cuando se trata de obras necesarias en elementos comunes, la obligación de pago recae sobre todos los propietarios. Incluso en los casos en los que no exista consenso, la normativa prioriza la conservación del edificio y la seguridad frente a las decisiones individuales.