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La UE lo hace oficial: la nueva ley de vivienda asequible permitirá detectar zonas tensionadas y aumentar la oferta

La iniciativa busca reducir cargas administrativas y acelerar proyectos de construcción para aumentar la oferta de viviendas en la UE

El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, interviene durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo

Javier Vendrell Camacho

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Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

El problema de la vivienda en Canarias ya está en el foco europeo. Bruselas prepara una nueva Ley de Vivienda Asequible que permitirá detectar las zonas con mayor tensión residencial y facilitar medidas para aumentar la oferta, en un momento en el que las islas sufren una fuerte presión sobre los precios del alquiler y la compra.

La iniciativa forma parte del proceso de simplificación regulatoria impulsado por Bruselas, que busca reducir cargas administrativas y acelerar determinados proyectos, entre ellos los relacionados con la construcción de vivienda.

La UE quiere identificar las zonas con mayor presión residencial

Uno de los puntos clave de la futura ley será la creación de un marco que permita localizar las zonas donde la vivienda se ha convertido en un problema por el aumento de precios, la falta de oferta o la dificultad de acceso para los ciudadanos.

Bruselas todavía no ha concretado cuáles serán los indicadores exactos que se utilizarán para determinar qué territorios sufren esta situación ni qué metodología se aplicará para medir ese "estrés residencial".

La Comisión Europea señala que esta identificación permitirá a las administraciones adoptar medidas específicas para proteger y promover la vivienda asequible.

Una respuesta a una crisis que afecta a toda Europa

La Comisión Europea reconoce que el coste de la vivienda ha aumentado durante los últimos años a un ritmo superior al crecimiento de los ingresos de muchos ciudadanos europeos. Esta situación ha generado problemas de accesibilidad en distintos países y ha convertido la vivienda en un desafío no solo social, sino también económico.

Según Bruselas, las dificultades para encontrar una vivienda adecuada afectan a la movilidad laboral y educativa, ya que muchas personas tienen más problemas para trasladarse o independizarse.

Menos burocracia para construir más vivienda

Otro de los objetivos de la nueva normativa será reducir las barreras administrativas que actualmente pueden ralentizar la puesta en marcha de nuevos proyectos.

La Comisión Europea quiere revisar aquellos procedimientos que afectan a la concesión de permisos de construcción y al desarrollo de vivienda social y asequible.

La intención es facilitar que los proyectos puedan ejecutarse con mayor rapidez y aumentar la disponibilidad de viviendas en aquellos lugares donde existe una mayor demanda.

¿Qué puede suponer para Canarias?

Canarias es uno de los territorios donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales, con un mercado marcado por el aumento de los precios del alquiler, la escasez de oferta y la presión residencial en algunas zonas.

La futura ley europea no sustituirá las políticas de vivienda del Gobierno de España ni de las comunidades autónomas, ya que la gestión de esta materia continúa siendo competencia de cada país.

Sin embargo, el nuevo marco podría ofrecer nuevos criterios y herramientas para analizar la situación de cada territorio y ayudar a las administraciones a diseñar medidas específicas en las zonas con mayor dificultad de acceso.

Bruselas abre una consulta pública hasta septiembre

Antes de aprobar la normativa definitiva, la Comisión Europea ha abierto una consulta pública para recoger propuestas de administraciones nacionales, regionales y locales, además de representantes del sector de la vivienda, construcción, financiación y organizaciones sociales.

El plazo para participar permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026 y servirá para recopilar información que ayude a definir las medidas incluidas en la futura Ley de Vivienda Asequible. La previsión de Bruselas es presentar la propuesta definitiva durante el tercer trimestre del año, dentro de su estrategia para aumentar la oferta y mejorar el acceso a la vivienda en la Unión Europea.

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