Una de cada tres comunidades autónomas ha reformado su Estatuto de Autonomía durante esta legislatura, marcada, según los socialistas, por la "segunda descentralización" que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha querido impulsar durante su mandato.
Un impulso autonómico del que se han beneficiado ya la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla y León, siempre con el apoyo parlamentario del PSOE.
Por el camino se han quedado las propuestas de reformas llegadas desde Canarias, Castilla La Mancha y País Vasco, en este último caso planteada bajo el envoltorio popularmente conocido como "Plan Ibarretxe".
Fue precisamente la vasca la primera reforma estatutaria de esta legislatura en entrar en la Cámara Baja, que aceptó que el documento se debatiera en pleno.
Sin embargo, el 1 de febrero de 2005 fue finalmente rechazado por una amplia mayoría, tras un intenso debate que se prolongó durante casi ocho horas.
No ocurrió así con el proyecto de nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana, consensuado por PP y PSOE, que se convirtió en el primero en aprobarse y entró en vigor en abril del 2006 tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
A continuación, el Congreso analizó la toma en consideración del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, que finalmente fue aprobado en referéndum en junio de 2006, con el apoyo del 73,9 por ciento de los votos en una consulta que registró una abstención del 50,58 por ciento.
Sin ningún voto en contra y con dos abstenciones, la reforma del nuevo Estatuto de Andalucía fue la siguiente en ser aprobada en las Cortes, hace ahora algo más de un año.
En febrero de este año se admitió a trámite la reforma del texto estatutario de Canarias, que en ese momento contaba con el beneplácito de PSOE y CC, pero los resultados de las elecciones de mayo y el pacto de Coalición Canaria con el PP dieron un vuelco a la situación.
Finalmente, el pasado mes de octubre el Parlamento canario requirió la retirada del documento y el Gobierno autónomo anunció que elaborará una nueva propuesta de Estatuto.
Veintiún días tardó en tramitarse el nuevo Estatuto balear -en febrero de este año- y quince, récord hasta la fecha, empleó el de Aragón, el pasado mes de abril. En ambos casos disfrutaron del respaldo del PSOE y del PP.
Un apoyo del que también ha disfrutado el sexto y último Estatuto de Autonomía aprobado en las Cortes en esta legislatura: el de Castilla y León, que vio la luz el pasado miércoles en el Senado sin ningún voto en contra y con dos abstenciones.
El Estatuto de Castilla la Mancha fue el último en ser registrado en el Congreso, el 1 de febrero, pero a últimos del pasado mes de septiembre la Cámara Baja acordó por unanimidad posponer su tramitación hasta la siguiente legislatura.
Prácticamente todas las reformas de estatutos autonómicos han acabado, de momento, en el Tribunal Constitucional, ya que hasta ahora han sido recurridas la valenciana, la catalana, la andaluza y la aragonesa.
Sólo se han salvado de la quema la balear y, hasta ahora, la castellanoleonesa.
El agua es el principal motivo de discordia entre regiones, porque este asunto es una de las causas que aducen en sus recursos contra los nuevos textos de sus vecinos.
La creación de una agencia tributaria propia es uno de los asuntos en los que coinciden los nuevos estatutos, que incluyen también distintos sistemas de regulación de las inversiones del Estado.
Casi agotada la legislatura, los miembros de la Comisión Constitucional del Congreso pueden tomarse un respiro, pero quienes formen parte de la nueva composición de este órgano parlamentario, tras las elecciones generales de marzo, no van a poder dormirse en los laureles.
Galicia, Asturias y Murcia, aunque de lejos, también llaman a la puerta del Congreso.
