El debate sobre una nueva reforma de la ley de Extranjería se iniciará el próximo día 17 sin que los grupos parlamentarios tengan aún una posición definida en relación con la situación de los menores inmigrantes no acompañados, uno de los temas en los que más énfasis se pone desde Canarias en relación con la política de inmigración. Pese a que la llegada de menores en cayucos y pateras a las costas canarias ha descendido notablemente en los últimos meses y ello ha paliado la situación de colapso de los centros de acogida en las Islas, el Ejecutivo canario intenta que la reforma de la ley sirva para poner fin al problema mediante el traspaso al Estado de la responsabilidad de tutelar y acoger a estos menores.

Éste será sin duda el principal objetivo de las enmiendas parciales que prepara CC y a cuyo fin ha estado negociando con el Gobierno central durante varios meses. Pese al cambio de actitud del Ministerio de Trabajo e Inmigración en relación con los menores inmigrantes no acompañados, todavía no hay un acuerdo definitivo sobre el tratamiento que se le dará en la nueva norma. Las conversaciones entre la portavoz nacionalista, Ana Oramas, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, han allanado el camino para una posible mención en el nuevo texto a una futura reforma de le Ley del Menor que otorgue responsabilidades al Estado en la tutela y protección de los menores inmigrantes.

En todo caso, la tramitación de la ley no cambiará algunos de los aspectos básicos del proyecto que aprobó el Consejo de Ministros a finales de junio, en el que se amplían y se definen los derechos de los inmigrantes, pero que en conjunto resulta mucho más restrictiva con el objetivo de combatir la inmigración clandestina. Una novedad la constituye el alargamiento en 20 días, de 40 a 60, de la estancia de los irregulares en los centros de retención. Esta medida trata de ampliar el periodo de tramitación legal de las expulsiones o repatriaciones de los sin papeles hacia sus países.