Los emigrantes canarios con derecho de sufragio dejarán de decidir el color político de los 88 ayuntamientos y 7 cabildos insulares a partir de las próximas elecciones locales de 2011, después del acuerdo alcanzado ayer en el Congreso de los Diputados por la subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).
Coalición Canaria, representada en la propia subcomisión por su portavoz en Madrid, Ana Oramas, fue el único partido en oponerse a una medida que sólo afecta a los comicios locales, mientras se mantiene el sufragio de los residentes ausentes para las demás elecciones: Autonómicas, Congreso, Senado, Europeas y todas aquellas consultas que ponga en marcha el Gobierno central.
La medida, que ha sido posible gracias al acuerdo entre PSOE y PP y que tendrá que esperar hasta junio para ser aprobada definitivamente en el Congreso, tiene como objetivo acabar con el fraude en la configuración democrática de ayuntamientos, diputaciones o cabildos en el caso de Canarias, las administraciones donde con diferencia era más desproporcionada la influencia de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
De hecho, el Archipiélago, la comunidad junto con Galicia con mayor tanto por ciento de emigrantes en el CERA, es un caso paradigmático: ciudadanos que en su mayoría llevan más de 40 años residiendo en el extranjero, principalmente en Venezuela, superan el 30% del total de electores en hasta ocho municipios de La Palma y La Gomera.
Sí a Congreso y Senado
La subcomisión ha considerado, como defendía Ana Oramas, que era inconstitucional vetar el derecho de sufragio de los 1,3 millones de españoles inscritos en el CERA en los comicios al Senado y al Congreso, así como ha entendido que la decisión sobre las elecciones autonómicas depende de la ley electoral de cada comunidad. De esta forma, los isleños en la diáspora seguirán votando, aparte de en las convocatorias nacionales, en las del Parlamento de Canarias. En las otras regiones, las autonómicas dependerán de sus propios estatutos y de las decisiones que adopten sus parlamentos.
Hay más razones para la mayoría de partidos que justifican la restricción en las locales. Según explicó a Efe el presidente de la subcomisión, Alfonso Guerra, la propia legislación electoral sostiene que los alcaldes y concejales de un municipio son elegidos por sus vecinos.
Los miembros de este grupo de trabajo han coincidido en que los españoles emigrantes han perdido esa relación de vecindad con sus lugares de origen. Pero también ha influido el fuerte crecimiento que experimentará el CERA con la ley de nietos, una disposición de la Ley de la Memoria Histórica que por un plazo de dos años –prorrogable a uno más– permite desde 2009 adquirir la ciudadanía española a más de 100.000 descendientes de exiliados. El número actual de canarios censados en el exterior es de 86.493, según la última revisión de marzo del CERA, pero podría irse por encima de los 100.000 el próximo año ante el aluvión de peticiones de la ley de nietos.
Voto en urna y tránsfugas
Otra novedad es la posibilidad de que los emigrantes puedan votar en urna, además de por correo, en los diferentes consulados. En el voto por correo, será obligatorio incluir junto al sobre con la papeleta una fotocopia del DNI o pasaporte, y la tarjeta del CERA para garantizar que nadie suplante a otra persona. Los otros dos acuerdos alcanzados, también por mayoría, buscan garantizar la estabilidad de los ayuntamientos y evitar que concejales tránsfugas ayuden a que salgan adelante mociones de censura y que se produzcan incrementos fraudulentos en el censo justo antes de una cita electoral.
La fórmula consiste, por un lado, en reforzar la mayoría necesaria para que salga la votación de una moción de censura, de forma que en vez de una mayoría absoluta se requiera dicha mayoría y tantos votos adicionales como tránsfugas hayan apoyado la moción. Por otro, podrán votar los inscritos a votar en el censo hasta dos meses antes de la convocatoria, de manera que si hay sospechas de un incremento injustificado, los partidos podrán presentar recursos y éstos se resolverían antes de que se celebren las elecciones.
