El despilfarro y las alegrías de los años de bonanza económica están pasando factura a los ayuntamientos canarios que, a dos semanas del final del año, están pendientes de que el Ministerio de Economía y Hacienda derogue una disposición que les obliga a cancelar antes del 31 de diciembre sus operaciones de tesorería a corto plazo. Muchos alcaldes han advertido que si Hacienda no elimina esta norma se quedarán sin liquidez para pagar las nóminas de fin de año. A esta situación hay que añadir el elevando endeudamiento a largo plazo, lo que provoca que los canarios soporten con los bancos una deuda media de 600 euros por habitante por la mala gestión de sus ayuntamientos.

El crecimiento desmesurado de la construcción y los ingresos por las licencias de obras sonrieron durante años a los ayuntamientos, que se dedicaron a gastar en equipamientos y servicios a los ciudadanos, pero también en las excentricidades de alcaldes y concejales, compras escasamente rentables para los municipios, asesores y personal de confianza y otros tipo de gastos superfluos. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha dejado a algunas corporaciones locales con poco margen de maniobra para seguir gastando después de endeudarse hasta más allá de los límites establecidos. Es el caso de la mayoría de los consistorios de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, las que han experimentado un desarrollo más fulgurante en los años de prosperidad.

Los datos reflejan que en Fuerteventura sus 100.000 habitantes soportan un débito de 578 euros per cápita por el fuerte endeudamiento de sus ayuntamientos con las entidades financieras. Los casos más llamativos son los de Betancuria, La Oliva y Pájara que acumulan una carga financiera que tiene paralizada la gestión de estas corporaciones. En Betancuria el debe es de nada menos que 3.400 euros por habitante (2,3 millones de deuda para 680 habitantes), mientras que en Pájara es de 1.473 euros (30 millones de deuda para 20.800 residentes) y en La Oliva es de 786 euros (17,2 millones para 21.900 habitantes).

En Lanzarote la situación es también caótica para cuatro de los siete ayuntamientos que hay en la isla. Los ciudadanos de Teguise, Tías, Tinajo y San Bartolomé deben una media de 800 euros a los bancos debido a la gestión de sus representantes municipales.

En Gran Canaria la situación es desigual. La corporación más endeudada en proporción a su número de habitantes es Telde, con 75 millones de euros de carga financiera para los 100.000 habitantes que residen en el municipio. El Ayuntamiento con el mayor debe es el de Las Palmas de Gran Canaria, con unos 115 millones de euros sin contar las deudas de sus empresas y sociedades, como es el caso de Guaguas Municipales, que tiene un endeudamiento que supera los 30 millones de euros.

Si la carga financiera es elevada, el problema a corto plazo radica en las operaciones de tesorería que oscilan entre los 500.000 y los 3 millones de euros para pagar servicios, pequeñas obras o las nóminas de los trabajadores. El desfase entre los ingresos, que llegan tarde, y los gastos coloca a muchos ayuntamientos en una situación comprometida si tienen que cancelar estas operaciones antes del 31 de diciembre. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han realizado gestiones ante el Ministerio de Economía y Hacienda y los grupos políticos del Congreso para que se elimine esta disposición so pena de que la falta de liquidez deje sin sueldo de Navidad a los funcionarios municipales.