El sistema ha fallado. Para los miembros del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico "esta afirmación no comporta matiz ideológico alguno, ni siquiera crítico". Es la mera constatación de una realidad desastrosa que se torna especialmente grave en un escenario de paro y crisis como el actual.
Las causas del porqué se ha llegado a este estado de cosas son múltiples, entre ellas motivos de índole político, otros derivados de factores económicos o técnicos pero, especialmente, existe una causa que es patente y que el Catpe define como la "quiebra del sistema legislativo" que a lo largo de la última década se ha venido implantando en Canarias.
La profusión en la aprobación de normas, decretos y reglamentos que inciden sobre el territorio lo demuestra el hecho de que, entre el Estado y la Comunidad Autónoma, se han aprobado hasta 25 textos legislativos desde que en 1978 el Gobierno central publicó un Real Decreto por el que se aprobaba el reglamento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Lo curioso es que, más de 30 años después de su entrada en vigor, este decreto aún sigue vigente en Canarias como aplicación subsidiaria por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias de 1999.
En el periodo democrático Canarias ha aprobado 17 leyes y decretos relacionados con el territorio, por ocho del Estado. La primera ley fue la 1/1987 reguladora de los planes insulares de ordenación. Desde entonces la Comunidad Autónoma, lejos de racionalizar y allanar la situación, entró en una dinámica de sobredosis legislativa que ha llegado hasta la actualidad.
Desorden e ilegalidad
¿Qué ha provocado esta situación? El crecimiento desordenado de núcleos poblaciones, explotaciones agrícolas y ganaderas sin licencia, edificaciones ilegales, ocupación anárquica del suelo rústico, falta de un planeamiento del territorio adecuado para albergar proyectos de inversiones, sobre todo turísticas y de ocio, y un empantanamiento burocrático en los distintos niveles administrativos de los planes insulares y municipales.
El informe del Catpe focaliza el origen de todos los males en el bienio negro 2001-2003. Para los miembros de este centro de pensamiento, la Ley de Directrices, consagradora de la moratoria turística, "añade confusión y quiebra la estructura racional y lógica para la ordenación del territorio". El principio de que el turismo es una actividad cuyo desarrollo constituye el problema central de la sostenibilidad de Canarias es el que, para el Catpe, supone un punto de inflexión en la normativa territorial y urbanística de las Islas. La unión de las Directrices de Ordenación Territorial con las del Turismo al rango de ley supone romper la arquitectura piramidal de la ley anterior del año 2000. Las consecuencias inmediatas fueron dos y que, diez años después, todavía se dejan notar: el atasco en la adaptación de los planes generales municipales y la avalancha de nuevas camas -más de 60.000- que se produjo en las vísperas de su aprobación, en el año 2001.
