La nueva consejera regional de Sanidad, Brígida Mendoza, se estrenó ayer en la Conferencia Sectorial del área, que reúne al Gobierno central y las autonomías, reclamando al Estado 1.423 millones de euros de deuda histórica (nueve años) contraída con el Archipiélago por las deficiencias del modelo de financiación autonómica. Mendoza dijo que esa deuda del Estado a Canarias se viene acumulando desde el año 2002 y dejó claro que será una de las reivindicaciones fundamentales de su mandato recién iniciado.

Como se recordará, nacionalistas y PSC incluyeron en su acuerdo programático del pacto de gobierno la necesidad de que el Estado salde la deuda sanitaria (no concretada en cifras en ese documento) contraída con las Islas. Incluso se habla en el acuerdo del pacto de la exigencia de que la deuda y las necesidades de financiación de la Sanidad canaria queden reflejadas desde el mismo Estatuto de Autonomía, que socialistas y nacionalistas promoverán ante las Cortes.

La deuda fue reclamada igualmente por los dos últimos consejeros de Sanidad anteriores a Mendoza (Mercedes Roldós, del PP, y Fernando Bañolas, de CC). Brígida Mendoza (también de CC) habló ayer, por su parte, de "insuficiencia financiera" del sistema canario derivado de la aplicación del modelo de financiación vigente a partir de 2002, y lo cifró en esos 1.423,2 millones.

Mendoza aseguró que pese a la "insuficiencia financiera", la Sanidad canaria ha realizado "un importante esfuerzo presupuestario" para "garantizar la cobertura de la asistencia y la mejora continua de la calidad y accesibilidad a las prestaciones", según una nota de la Consejería.

Esfuerzo presupuestario

Según la nota, en los últimos ejercicios la partida presupuestaria destinada a la Consejería de Sanidad han llegado a representar más del 35 por ciento y hasta el 40,35 por ciento de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, como sucedió en 2009, cuando Sanidad gastó 2.929 millones de euros de un Presupuesto General cuya ficha económica llegó a 7.263 millones. Con todo, ha debido en los dos últimos años afrontar recortes del gasto por la necesidad de ajustar las cuentas públicas autonómicas.

Para mejorar la eficiencia del sistema sanitario público, la consejera propuso ayer, entre otras medidas, desvincular autorización y financiación de fármacos en el Sistema Nacional de Salud, así como instaurar la prescripción por principio activo, una medida efectivamente adoptada por la Conferencia Sectorial.