1 La extinción del plazo del decreto a convalidar, que tiene su origen en 2001, y la insuficiencia en las garantías medioambientales son los dos principales argumentos utilizados por el Ejecutivo regional en sus alegaciones al Ministerio de Industria. "La propuesta de convalidación es manifiestamente ilegal porque vulnera el régimen de nulidad de los actos administrativos", concluyen.

2 El Ejecutivo cree que el borrador de decreto remitido por el Ministerio altera el texto de 2001 ya que amplía el número de pozos a explorar -el primero recogía sólo dos- sin tener en cuenta los riesgos ambientales. El texto recoge que las prospecciones se realizarán en "al menos dos pozos" lo que, para el Gobierno regional, abre la puerta a un número indefinidos de sondeos exploratorios.

3 En relación con las aguas canarias, el Gobierno regional recuerda que el artículo 2 de la Ley de Aguas Canarias tiene el mismo rango que la Ley de Hidrocarburos y otorga a Canarias las competencias en los espacios marítimos sobre los que el Estado ejerza soberanía o jurisdicción.