El Ministerio de Industria, Energía calcula que la explotación del petróleo en aguas de Canarias reportaría a la economía española unos beneficios anuales superiores a 4.000 millones de euros. Además del empleo directo e indirecto que crearían las plataformas de Repsol, para Industria es incuestionable que la extracción del crudo tendría como consecuencia la inmediata generación de riqueza "tanto a través de la actividad económica inducida, como a través de impuestos directos e indirectos -llegarían a Canarias por el REF- o en el desarrollo de la industria local".

Los estudios que el departamento que dirige José Manuel Soria tiene sobre la mesa, basados en experiencias similares en Estados Unidos, apuntan que, por ejemplo, los servicios públicos recibirían en torno a 39 millones al año, las empresas de construcción 1.050 millones y 49 las fábricas de transformación del crudo. Los beneficios para el comercio mayorista se calculan en 711 millones anuales, 290 millones para el minorista y para el sector del transporte y el almacenaje rondaría los 96 millones.

Los cálculos tienen también en cuenta el impacto en los sectores de la educación, la sanidad, el entretenimiento o el alojativo y la restauración, beneficiados bien por el incremento de la clientela procedente de las plataformas e industrias adyacentes o bien por el aumento de la calidad de vida de los residentes canarios. En total esos servicios ingresarían, según los estudios en los que se basa Industria, en torno a 230 millones anuales.

Los técnicos de Industria estudian en la actualidad las alegaciones presentadas por las instituciones canarias al borrador del real decreto para reactivar la exploración junto a la costa de Lanzarote y Fuerteventura. Aún no hay fecha para der una respuesta ni para remitir la disposición al Consejo de Ministros, pero Soria ya ha avisado: si el proyecto de Repsol cumple con los requisitos técnicos y medioambientales, se autorizará a la petrolera a iniciar los sondeos. La primera razón, ha señalado el ministro, es la tasa del 30,93 % de desempleo que soporta el Archipiélago.

Para el Ejecutivo regional, sin embargo, los cálculos que hace Industria sobre los supuestos beneficios económicos no justifican que se ponga en peligro ni la principal industria del Archipiélago ni la alta protección medioambiental de las costas y aguas insulares.

La apuesta de Canarias es la de la economía sostenible y en eso, señalan fuentes gubernamentales, entienden que tienen el respaldo de la mayoría de canarios.

El Gobierno ya ha avisado al Ministerio de que utilizará todas las armas legales y judiciales a su alcance para paralizar los sondeos. Hoy el presidente Paulino Rivero trasladará esa misma posición al responsable máximo de la petrolera, Antonio Brufau, y reclamará, a través de una comunicación en el Parlamento, el respaldo de los diputados.