El Ejecutivo canario protagonizó ayer un Consejo de Gobierno histórico por la magnitud de sus decisiones. El pacto CC-PSOE aprobó el anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y de Modificación de Normas Tributarias, con el objetivo de "salvaguardar" los servicios públicos esenciales. "O subimos los impuestos o cerramos hospitales, colegios y centros sociales", argumentó el consejero regional de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, que justificó, así, la pretensión del Ejecutivo autónomo de recaudar 250 millones de euros en seis meses a través de tributos. Los nuevos impuestos entrarán en vigor a finales de junio.

El mayor volumen de la recaudación procede del aumento del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que supondrá 118 millones de euros más para las arcas públicas. En concreto, el IGIC incrementará el tipo general desde el 5% actual al 7% hasta el año 2014; elevará el reducido del 2% al 3%; mantiene en el tipo cero los artículos de primera necesidad y subirá en 0,5% los tipos vigentes del 9% y el 13%. Además, sobre este impuesto, se suprimen algunas bonificaciones fiscales entre las que destaca la establecida para la telefonía fija y móvil, que pasará de estar exenta a tributar al tipo general.

Bancos

Igualmente, el Consejo de Gobierno decidió, durante cinco horas de deliberación, crear dos nuevas figuras impositivas. Se instaura el impuesto sobre depósitos a entidades financieras, que abonarán bancos y cajas, y se establece el impuesto a grandes superficies, con los que pretende ingresar unos 30 millones y 10 millones de euros, respectivamente. La normativa fija en 11 euros por metro cuadrado el impuesto para los grandes establecimientos comerciales y en 13 euros por metro cuadrado para los centros comerciales.

Sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Gobierno acordó el aumento de la zona alta del tramo autonómico, de forma que para las rentas superiores a 53.000 euros/año, el tipo pasa del 21,5% al 22,58%. Otro cambio sustancial es que se elimina la actual bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, con lo que se persigue obtener en torno a 25 millones; además de algunas de las deducciones en el IRPF, como gastos por estudio, por traslado de residencia, por nacimiento o adopción o por familia numerosa, que se limitan para las personas con menor poder adquisitivo.

Igualmente, aumenta el impuesto sobre el combustible, un tributo que no se actualiza en Canarias desde 2004, y con el que se recaudarán unos 90 millones de euros. Sin embargo, queda inalterable el aplicado al gasóleo profesional.

Con esta subida impositiva el Ejecutivo persigue "amortiguar" los efectos del recorte de 800 millones de euros del presupuesto estatal, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, en los servicios públicos en Canarias. "Esta grave reducción nos obliga sin remedio a tomar medidas de gran calado que implican nuevos sacrificios en Canarias", lamentó el consejero González Ortiz, que cree que estas "durísimas medidas serán entendidas por la sociedad canaria. Sabemos el sacrificio que conlleva la presión fiscal a las familias canarias", ahondó el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, que señaló que el presupuesto inicial de la comunidad autónoma para 2012 era de 6.800 millones, pero cae un 12%, tras los recortes del Estado.